“Llama poderosamente la atención que una universidad nacional asuma el trabajo de detectar y mapear los conflictos por tierra del país en el marco de un programa del organismo internacional que más ha contribuido a aplicar las políticas neoliberales en el campo argentino: el Banco Mundial. Asimismo, llama la atención que se pida abierta y masivamente a quienes tengan información que “contacten a los relevadores”. Aquello que hace unas décadas se hacía casi oculto por la vergüenza y sanción social que despertaba otorgar información sobre conflictos sociales a los organismos del “imperio” (para usar la terminología de aquella época), hoy se lleva a cabo sin pudor alguno”.
Por Norma Giarracca Profesora de Sociología Rural, Grupo de Estudios Rurales (UBA) Fuente: Página 12
Durante gran parte del siglo XX, en los ámbitos universitarios se discutió si el conocimiento social podía orientarse a satisfacer demandas de factores de poder sospechados de generar políticas de control social represivas. Siempre aparecían, además del sujeto universitario, el Estado y algún organismo internacional que llevaba a cabo una política semejante en toda la América latina y había financiado el estudio. En nuestros días, a algunos sujetos universitarios estos dilemas les son lejanos, los desconocen o se los trata sin ningún tipo de pudor (como cuestiones del “pasado”). ¿Cambiaron las condiciones de aquel debate? La situación a la que me voy a referir –recursos naturales y los conflictos generados en sus territorios– implica la misma intensidad conflictual e igual o más cantidad de hechos que los que estaban en danza en aquellos debates del pasado.
Los conflictos en cuestión y la falta de resolución por los fuertes poderes económicos que intervienen son por todos conocidos en la actualidad: los qom cinco meses en Buenos Aires reclamando derechos después de varias muertes, el poderoso Benetton litigando contra una familia mapuche, el asesinato de Javier Chocobar, las peripecias judiciales de los campesinos del Mocase y de la mayoría de las organizaciones campesinas del país. Todas ellas son situaciones que se producen en provincias con baja calidad institucional, con poderes judiciales conectados por relaciones familiares, amistosas o de clase con los poderes económicos y cuerpos especiales policiales que los gobiernos no dudan en crear y utilizar.
Por todo esto, llama poderosamente la atención que una universidad nacional asuma el trabajo de detectar y mapear los conflictos por tierra del país en el marco de un programa del organismo internacional que más ha contribuido a aplicar las políticas neoliberales en el campo argentino: el Banco Mundial. Asimismo, llama la atención que se pida abierta y masivamente a quienes tengan información que “contacten a los relevadores”. Aquello que hace unas décadas se hacía casi oculto por la vergüenza y sanción social que despertaba otorgar información sobre conflictos sociales a los organismos del “imperio” (para usar la terminología de aquella época), hoy se lleva a cabo sin pudor alguno.
Las universidades públicas tienen información sobre conflictos sociales, existen amplios bancos generados por investigadores y organizaciones sociales en múltiples formas de colaboración y en el marco de un ineludible compromiso y principios éticos. Esa información, en forma agregada, ha estado siempre a disposición de los poderes públicos que deseen discutir políticas de tierra en los ámbitos donde el Estado democrático discute estas cosas. No hacen falta bancos de conflictos con información pormenorizada de los sujetos y los territorios para llevar a cabo estas tareas. No interrogo acerca de para qué un organismo internacional, paradigma del modelo neoliberal, necesita esa información; es un problema del Estado argentino averiguarlo. Deseo interrogar acerca de si la universidad pública es la institución que debe facilitar ese conocimiento. Pregunta que reenvía a una cuestión ética y autorreflexiva en la formación del cientista social para poder hacer frente y resolver estas aporías.
Hay límites que no pueden pasarse y que deben discutirse públicamente en cada época: a mi juicio, se puede trabajar privadamente para los organismos internacionales; se pueden trabajar por convenios universitarios (aun cuando los considero criticables) distintos temas en el nivel macro-institucional que no involucren información específica de sujetos y territorios; pero se necesita un límite estricto cuando se trata de temas de conflictos sociales, ya que allí residen tópicos tales como control social, criminalización de la protesta, escenarios provinciales donde hasta es posible asesinar sin correr demasiado riesgo (caso Chocobar). Se podrá argumentar que estamos en gobiernos democráticos y que trabajar para estas administraciones es lo correcto. Por supuesto, pero hay que mantener el principio de que el conocimiento se produce en espacios con autonomía científica, no “a pedido” de organismos cuestionados profusamente. Los conocimientos universitarios se ponen a disposición de la democracia en situaciones de mucha claridad (publicaciones, libros, audiencias públicas del Congreso Nacional, etc.). Generar y poner informaciones de este tipo a disposición de los organismos internacionales que produjeron los graves problemas que sufren estas poblaciones ahora en conflicto es muy grave y amerita ser revisado, discutido y, si no es posible porque el poder lo avala, rechazado por quienes aún creemos en valores éticos del accionar universitario.
martes, 31 de mayo de 2011
Periodistas, campesinos y pueblos originarios
Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los periodistas y sobre la propia función periodística a partir del tratamiento que se da a campesinos y pueblos originarios.
Por Darío Aranda
En La Ventana, 11/5/2011 (Página 12)
La represión al pueblo qom de Formosa dejó en evidencia, una vez más, cómo funciona el periodismo en los grandes medios de comunicación.
Las radios, canales de televisión y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron inicialmente la represión como un enfrentamiento. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese fue el límite. En estos cinco meses, rara vez esos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.
En contraposición, los medios que actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Mostraron cómo todos los ámbitos del Estado nacional jugaron la gran mayoría de las veces contra la comunidad qom. Pero esos medios nunca citaron el fondo de la represión que se da contra campesinos e indígenas: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, contaminación, desalojos, y obliga también al corrimiento de la frontera sojera y ganadera. Esos medios son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar”, definió Horacio Verbitsky.
Osvaldo Bayer recuerda a Rodolfo Walsh como referencia de periodismo: “Su voz de reportero iba descubriendo uno a uno los crímenes de una burguesía ávida y sin escrúpulos, las traiciones de esa misma burguesía al país, a la condición humana. Era un reportero que revolvía todo para encontrar la verdad, pero a la vez era el cronista que volcaba su investigación en crónicas para el pueblo. Fue el escritor de los rezagados, de los más humildes”.
Los grandes medios de comunicación nunca tomaron en agenda a campesinos e indígenas, son los marginados mediáticos. Sólo la resolución 125 hizo posible que algunos periodistas de grandes ciudades comiencen a escuchar las denuncias de los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo de agronegocios. Pero aún así, rara vez toman como actores sociales y políticos a la pirámide de la Argentina rural.
Algunas hipótesis para explicar ese comportamiento. Además de los intereses comerciales y líneas editoriales de las empresas, hay motivos individuales. En las redacciones gana terreno un periodismo de escritorio que se resiste a abandonar el aire acondicionado o la calefacción, como si se tratara de empleados administrativos. Y es imposible conocer el acontecer rural si no se va al territorio.
En las redacciones también está presente una cuestión de clase social que hace negar (o dudar) el genocidio indígena (tan similar en sus prácticas a la última dictadura militar). Por eso no denuncian como violaciones a los derechos humanos los padeceres indígenas y por eso mismo no miden con la misma vara los asesinatos de la clase media urbana que las represiones contra los luchadores del campo profundo.
Los asesinatos de Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra (sólo dos referencias) fueron tapa de los grandes medios de comunicación y cada novedad se transforma en nota. No fue igual con el diaguita Javier Chocobar, la campesina Sandra Juárez y el qom Roberto López, asesinados por defender su territorio y cuestionar un modelo extractivo que festejan empresas y funcionarios, publicitan periodistas y padecen comunidades rurales.
A futuro: el avance extractivo (petrolero, minero y sojero, entre otros) continuará. La resistencia indígena y campesina también. La represión seguirá siendo la respuesta privada y estatal. ¿Qué harán los periodistas? Se puede estar de “un bando o del otro” del mundo mediático y político, y “tragarse sapos”. Pero hay otra opción: se puede ir al lugar de los hechos, hablar con los protagonistas y dar testimonio. No ser neutral ni objetivo, pero tampoco acomodarse a la conveniencia del medio de comunicación o del gobierno de turno. Y, sobre todo, no ocultar la realidad.
Por Darío Aranda
En La Ventana, 11/5/2011 (Página 12)
La represión al pueblo qom de Formosa dejó en evidencia, una vez más, cómo funciona el periodismo en los grandes medios de comunicación.
Las radios, canales de televisión y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron inicialmente la represión como un enfrentamiento. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese fue el límite. En estos cinco meses, rara vez esos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.
En contraposición, los medios que actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Mostraron cómo todos los ámbitos del Estado nacional jugaron la gran mayoría de las veces contra la comunidad qom. Pero esos medios nunca citaron el fondo de la represión que se da contra campesinos e indígenas: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, contaminación, desalojos, y obliga también al corrimiento de la frontera sojera y ganadera. Esos medios son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar”, definió Horacio Verbitsky.
Osvaldo Bayer recuerda a Rodolfo Walsh como referencia de periodismo: “Su voz de reportero iba descubriendo uno a uno los crímenes de una burguesía ávida y sin escrúpulos, las traiciones de esa misma burguesía al país, a la condición humana. Era un reportero que revolvía todo para encontrar la verdad, pero a la vez era el cronista que volcaba su investigación en crónicas para el pueblo. Fue el escritor de los rezagados, de los más humildes”.
Los grandes medios de comunicación nunca tomaron en agenda a campesinos e indígenas, son los marginados mediáticos. Sólo la resolución 125 hizo posible que algunos periodistas de grandes ciudades comiencen a escuchar las denuncias de los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo de agronegocios. Pero aún así, rara vez toman como actores sociales y políticos a la pirámide de la Argentina rural.
Algunas hipótesis para explicar ese comportamiento. Además de los intereses comerciales y líneas editoriales de las empresas, hay motivos individuales. En las redacciones gana terreno un periodismo de escritorio que se resiste a abandonar el aire acondicionado o la calefacción, como si se tratara de empleados administrativos. Y es imposible conocer el acontecer rural si no se va al territorio.
En las redacciones también está presente una cuestión de clase social que hace negar (o dudar) el genocidio indígena (tan similar en sus prácticas a la última dictadura militar). Por eso no denuncian como violaciones a los derechos humanos los padeceres indígenas y por eso mismo no miden con la misma vara los asesinatos de la clase media urbana que las represiones contra los luchadores del campo profundo.
Los asesinatos de Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra (sólo dos referencias) fueron tapa de los grandes medios de comunicación y cada novedad se transforma en nota. No fue igual con el diaguita Javier Chocobar, la campesina Sandra Juárez y el qom Roberto López, asesinados por defender su territorio y cuestionar un modelo extractivo que festejan empresas y funcionarios, publicitan periodistas y padecen comunidades rurales.
A futuro: el avance extractivo (petrolero, minero y sojero, entre otros) continuará. La resistencia indígena y campesina también. La represión seguirá siendo la respuesta privada y estatal. ¿Qué harán los periodistas? Se puede estar de “un bando o del otro” del mundo mediático y político, y “tragarse sapos”. Pero hay otra opción: se puede ir al lugar de los hechos, hablar con los protagonistas y dar testimonio. No ser neutral ni objetivo, pero tampoco acomodarse a la conveniencia del medio de comunicación o del gobierno de turno. Y, sobre todo, no ocultar la realidad.
lunes, 30 de mayo de 2011
Mega-minería: La tierra devastada Por M. Antonelli
Por Mirta Alejandra Antonelli
Marcha en Esquel por el NO A LA MINARedes territoriales, territorialización de redes, comunidades del NO (1). Con la expansión de la mega-minería y la entrega de recursos a capitales transnacionales, en el país y en la región han surgido nuevas formas de movilización y participación ciudadana para defender el medioambiente. El presente artículo analiza algunos aspectos de esta resistencia.
"Imagínese que le avisen que debe dejar su casa, sus animalitos, sus muertos y lo lleven a un sitio desconocido sin consultarle nada. ¿Cómo se sentiría?"
Eduardo Sueldo, de la sureña región peruana de Apurímac.
"El polvo plúmbeo, las explosiones de dinamita y los gases tóxicos de la explotación de zinc, oro y plata- que lleva a cabo Volcan Compañía Minera- han arrinconado de tal modo a la población que el gobierno acaba de promulgar una ley para trasladar a los habitantes. El tajo tiene hoy
Milagros Salazar
"Las sociedades o grupos sociales actúan sobre el ambiente según las representaciones que se hacen de sus relaciones con él. Estas representaciones favorecen las extracciones devastadoras o, por el contrario, ejercen un efecto limitador sobre ellas. Por eso puede decirse que la historia natural es también historia social".
Martínez Allier
La macro privatización de los `90 entregó los recursos naturales al sector privado como único beneficiario, a la vez que el Estado se autoinhibió para ello, cediendo soberanía y territorio. Desde entonces, a todos los habitantes del territorio se nos ha instituido con la figura del superficiario del subsuelo.
Como se sabe, a diferencia de otros países de la región, la Argentina no posee un pasado minero, memorias ni imaginarios identitarios de larga duración respecto a esta actividad, y tanto menos, respecto de esta mega-minería que, lejos de borrar su protagonismo de economía de enclave colonial en la historia mundial y del continente, ha promovido ya un cuantioso y relevante registro de triple casuística: su capacidad de lobby para el diseño de políticas pro-extractivas liberalizadas en detrimento de derechos constitucionales, las violaciones a derechos humanos, en especial, los de tercera generación (derechos económicos, sociales y culturales), con enfática vulneración de la territorialidad de pueblos originarios y de poblaciones rurales, y la tendencia a la criminalización y judicialización de la protesta social.
Describir esta nueva minería es central para entender la oposición cada vez mayor de las poblaciones a los emprendimientos mineros, el por qué, según un mapa creciente de movimientos socio-ambientales en la región (CIDSE, 2009)2 resisten a la mega-minería, en evidentes condiciones de asimetría. La cartografía social de las resistencias está estrechamente vinculada a la progresiva y acelerada expansión de las fronteras agrícolas, mineras, energéticas, sobre territorios que pertenecen a comunidades originarias, poblaciones rurales, zonas patrimonializadas o declaradas como áreas de reservas y yacimientos arqueológicos, patrimonios paisajísticos y de turismo; y también en zonas próximas a localidades, comunas y ciudades.
Como sostiene Svampa (2008)3, no es aleatorio que en este escenario, caracterizado por la presencia desmesurada de grandes empresas transnacionales, se hayan potenciado las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, al tiempo que han surgido nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los bienes comunes.
En menos de un lustro, el movimiento socioambiental en Argentina, de modalidad asamblearia de autoconvocados ha crecido de manera relevante y se ha consolidado como una Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); ha llevado adelante hasta marzo de 2010, doce encuentros nacionales en distintas localidades y, ya en 2007, se conformaría la red regional ASANOA, asamblea socioambiental del NOA, en la que confluyen autoconvocados de Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero. En la actualidad alrededor de 70 asambleas se reúnen en dicha unión, donde convergen problemáticas y conflictos emergentes ante el extractivismo y los impactos socio-sanitarios y ambientales de actividades industriales y urbanas. En sus encuentros, debates y acciones participan activamente colectivos que, al igual que las asambleas, se manejan de forma horizontal, autogestionada y apartidaria.
Las resistencias se articularon primero con la consigna que surgió en Esquel (Chubut) "No a la mina", y en un verdadero narrema geopolítico territorial, ha producido la consigna y sentencia popular "contra el saqueo y la contaminación", de modo de atacar los dos núcleos que justifican la resistencia: la entrega de recursos a capitales transnacionales, y la contaminación que le es inherente a la modalidad mega-extractiva. Se trata de un radical rechazo al carácter irrestricto del extractivismo y a su implantación puramente mercantilista, la que se está efectuando sin consulta ciudadana, legalmente prevista, desde el No esquelense, en 2003. En tal sentido, sin consulta, y en medio de la opacidad de un Estado que concesiona yacimientos al vertiginoso ritmo de los intereses corporativos, el modelo minero ha adquirido la entidad de una ocupación transnacional de territorios.
Las asambleas de distintas zonas amenazadas por la mega-minería del país interactúan también con redes de Chile y Perú, integradas por redes de observatorios de transnacionales en América Latina, redes de activistas de derechos humanos de los países de procedencia de los capitales, como USA y Canadá, redes de científicos independientes, etc.
En el caso argentino, el rechazo fundado ha quedado plasmado, mediante la acción de la sociedad civil conducente a la prohibición de esta minería a cielo abierto, en siete provincias argentinas, así como las ordenanzas por las que varios municipios se han declarando "no tóxicos", estatuto central para impedir la minería uranífera.
Resistencias a ser los superficiarios
De la dinámica de las resistencias consideraré dos dimensiones. La primera es la construcción colectiva de dos tipos de conocimientos -diferenciales pero no autónomos- el conocimiento cívico-ciudadano con carácter de denuncia social y/o pragmática, esto es, ante la justicia, respecto a la institucionalidad comprometida con el modelo minero; y la segunda; concierne el conocimiento ambiental y sus probatorias, basados en saberes expertos independientes, testificaciones y testimonios vividos, que ponen en cuestión o desmienten el discurso de los "expertos", tanto de los agentes identificados como profesionales de la tecno-ciencia -mercantilización del conocimiento- como de los mediadores simbólicos y gestionadores de conflictos, que generalmente en redes trans-locales, coadyuvan para la obtención de la licencia social para operar, es decir, el permiso de las comunidades para la instalación empresarial en zonas de explotación.
Esta dimensión abona una tesis política acerca del movimiento socio-ambiental, cuyo repertorio de acciones interpela la institucionalidad pro-extractiva que se viene consolidando, en nombre del principio de democracia sustantiva, esto es, el derecho a tener derechos en tanto principio ético-normativo y sentimiento ético de pertenencia a una comunidad internacional de derechos humanos y de justicia socio-ambiental, refrendada por normativas internacionales que nuestro país ha suscrito con rango constitucional. Las resistencias ejercen la acción colectiva, las prácticas directas e indirectas de la democracia, y se presentan éstas como desafiliación -no del Estado, al que interpelan- sino a su administración gubernamental. Por otra parte, las resistencias no se limitan a los impactos socio-ambientales de notable envergadura, sino que, con distintos mecanismos sociales de desmentida, hacen estallar el discurso del "modelo nacional de desarrollo" en el que se legitima el discurso estatal-empresarial. Por ello, discrepa y recusa la categorización, ciertamente devaluadora que se asigna a las resistencias, esto es, la de ser "destituyentes", según miradas gubernamentalistas.
Se trata de dos producciones de verdad: la "verdad justiciera", que configura la casuística de los ilegalismos, ilícitos, irregularidades, incumplimientos, etc., en los que incurren funcionarios públicos, intermediarios y empresarios, y la "verdad epistémica", que argumenta con fundamentos de distintas matrices epistemológicas, de la ética ambiental y también de la justicia ambiental. En este proceso se consolida la legitimidad epistémica de rastreadores en y del territorio. Además de los saberes implicados en el proceso extractivo, sus fases, sus consecuencias, y el valor del campo de experiencia y sus registros biográficos -comunales y territorializados- se ha consolidado un discurso argumentativo crítico plural.
Al contrastar el discurso ambiental de estas redes de resistencias, queda claro que las comunidades construyen, socializan y acumulan saberes relativos a lo eco-sistémico ambiental, político-económico y socio-cultural que fuertemente desmienten la construcción descalificadora que los agentes hegemónicos promueven contra las comunidades, los pobladores, los activistas y hasta los científicos críticos: los nuevos bárbaros y los desclasados epistemológicos.
Para abonar este punto, y en relación con la estrategia de "expertos" con la que se procura el aplanamiento del "problema minero" a una cuestión de experticia, valga decir que la construcción de saberes es múltiple, y lo "ambiental", el devenir "ambientalistas", se enlaza con la dimensión ciudadana de la cultura, donde prácticas colectivas construyen socialmente la verdad y propenden a la promoción social de la justicia. En todo caso, estos conocimientos que dan sentido a las prácticas contribuyen a la autoafirmación política, no delegativa.
Las resistencias sólo en una de sus dimensiones se manifiesta como performática, esto es, rituales de ocupación del espacio que recuperan como público, en tanto territorialización del conflicto: el escrache, los cortes, los desvíos de camiones con sustancias tóxicas, etc. Esta dimensión espectacular resulta el contenido de la forma, el poner en el espacio público como litigio, lo que se litiga en los ámbitos judiciales, lo que se demanda en espacios de mediación, como la defensoría del pueblo, las solicitudes que se dirigen como accountability o exigencia de respuestas, esto es, la obligación responsiva que tienen -pero no cumplen- distintos funcionarios y agencias públicas y privadas4; y la producción de informes de violaciones a derechos humanos.
Tesis de la Interculturalidad en acción: el territorio en el centro de la escena
La segunda tesis es socio-cultural, y se formula en torno a la interculturalidad en acción en las praxis de producción colectiva de significados y sentidos, que disputa con el monolingüismo de la ratio de dominación y control de la naturaleza que rige la lógica del modelo extractivista; interpela e impugna la "modernidad" como fundamento garante y su reactualizado imaginario del "progreso", ahora retornado como espectro en sinergia con la lógica de lucro y la demanda irrestricta del mercado internacional de las hoy denominadas commodities.
Los sentidos territorializados que se construyen en el repertorio de las prácticas de las resistencias, por el contrario y en antagonismo con el paradigma extractivista, se corresponden con un proceso que hemos acordado llamar giro eco-comunitario, el que en sus manifestaciones concretas se muestra como interculturalidad en acción5. He elaborado la expresión giro eco-comunitario, como una extensión de la conceptualización del giro biocéntrico propuesto por Gudynas (Gudynas, 2009) a propósito de la Nueva Constitución de Ecuador, en la que por primera vez se reconocen derechos propios de la Naturaleza o Pachamama.
El autor pone el foco en la identificación con un sistema de valores que excluye la dominación y el control de la naturaleza; evidencia una nueva articulación con los saberes tradicionales, y provee de un marco conceptual desde la perspectiva de la ecología política y la ética ambiental, y también un marco valorativo -los impactos del concepto de valor intrínseco- para producir el contexto (y el desafío) en el cual generar las políticas y la gestión ambiental basadas en la buena vida (sumak kawsay) o buen vivir y en nuevas estrategias de desarrollo. El giro biocéntrico plantea, "(...) una alternativa a la modernidad abriendo las puertas a nuevas formas de valoración ambiental y articulación con los saberes indígenas." (Gudynas, 2009, 34)
Como parte de ese pensamiento, el giro eco-comunitario es aquí una designación motivada. En efecto, nombra el proceso de identificación por el cual en la red de redes territorializadas y ampliadas, se va configurando colectivamente, pero sobre todo se actúa, se hace praxis, un horizonte de valores en el cual lo eco-sistémico es claramente irreductible a lo mercantilizable como tópica de la ratio instrumental, y procede por convivencia equivalencial de valores -culturales, filosóficos, éticos, políticos, eco-epistémicos, etc.- y que por lo mismo, no responde a un único fundamento. Este haz de valores plurales está en el centro de la común visión de las comunidades del No, redes de actores que comparten intersubjetivamente otro mundo posible, tanto en la dimensión fenomenológica (percepciones y aprehensiones sociales), cuanto en la valoración ética y la validez epistémica para, no sólo denunciar al extractivismo, sino responder propositivamente ampliando el campo socio-argumentativo para el debate público desde otro paradigma, otras razones y pasiones, otro enlace sensible con la naturaleza.
En este contexto, la categoría abarca las redes, praxis y sentidos producidos colectivamente, ampliación que surge a la vez de indagar sobre los componentes precisamente de una constelación emergente del vivir en la corteza: el alcance del nosotros (o sujeto de la afectación); la percepción de la lesividad y la magnitud del daño, variables que determinan, a la vez, la significación del presente y sobre todo, las prospectivas del futuro.
El caso ecuatoriano permite iluminar y señalar la abroquelada carga de ideologemas con que en nuestro contexto nacional se descalifica a las resistencias socio-ambientales, ya como fundamentalismos y retrógradas posturas premodernas, ya como "ecologismo de la clase media ilustrada" (Martínez Alier)7. La figura del daño está -como el nosotros- en proceso abierto de ser socio-políticamente reconfigurada e interculturalmente transmitida, y su alcance, sus fundamentos y bienes tutelados, inscritos en los bienes comunes -aún si no pueden ser asimilados de modo pleno al buen vivir- habilitan dos fenómenos del orden del discurso el que no sólo es el medio de las luchas, sino también -tal vez, sobre todo- el objeto por el cual se lucha. Por un lado, superan y exceden con la universalidad irreductible de los derechos, y el principio de convivencialidad intergeneracional, las disputas basadas en las divisorias de intereses particulares y sectoriales que invocan profesionales, sindicatos, etc., vinculados a la mega-minería - que resultan funcionales a la lógica extractivista que rige el modelo-. Así conceptualizado, el daño está lanzado no sólo hacia el presente sino hacia el futuro; y la responsabilidad se acentúa por el carácter futurible de sus víctimas. Por otro, los significados en construcción pueden ser articulados con los fundamentos de los principios precautorio y preventivo del derecho ambiental. La cuestión es, pues, como lo plantea Martínez Alier (2008), quiénes ostentan el poder de simplificar la complejidad imponiendo un determinado y único lenguaje de valoración, con lo que se procura eclipsar y arrojar fuera del sentido, a otros lenguajes de valoración, tales los derechos territoriales, la justicia ambiental y social, la subsistencia humana, la sacralidad, el compromiso con el futuro.
En este proceso, se revalorizan los acervos culturales de los pueblos originarios, sus saberes ancestrales, también campesinos, y sus relaciones con el territorio, en la medida en que sus modos de acceso, uso y producción con la naturaleza y sus patrimonios ostentan un fuerte contraste con los escenarios de pérdida de biodiversidad, impactos socio-ambientales, etc., inscritos en la herencia de la modernidad -control y dominio de la naturaleza- y en los modelos extractivistas del capitalismo y la tecno-ciencia (Escobar 2005 y 2009)8.
Que se trata aquí a propósito del daño y sus significados en construcción, de un contenido programático, a manera de consigna de creación colectiva, se comprueba verificando el control quasi omnímodo del discurso, las narrativas y la semántica que han emprendido las empresas, el Estado y los mediadores simbólicos que coadyuvan a sus intereses, engarzadas en imaginarios de crecimiento y desarrollo, retóricas de integración regional, etc. Pero es en este asimétrico escenario que están planteadas las apuestas y las luchas colectivas.
El desafío es aportar al campo de la reflexión nacional y regional sobre la dimensión socio-cultural y política de lo ambiental en democracia, para la legitimación de paradigmas de pluralidad valorativa con eficacia pragmática.
Notas
1. Una primera versión más extensa y con cuantiosas referencias ha sido presentada como conferencia de apertura a las IV Jornadas Intercátedras de Pensamiento Latinoamericano, Movimientos Sociales y Cultura en América Latina. Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.
2. CIDSE 2009. América Latina: Riqueza privada, pobreza pública, Quito, co-edición CIDSE- ALAI
3. Svampa, M. (2008) Cambio de época, Siglo XXI, Buenos Aires.
4. "La Municipalidad de Andalgalá pidió en
5.Tomamos en préstamo el sentido de interculturalidad que Daniel Mato propone, a propósito de los estudios reunidos en torno a experiencias de universidades interculturales en la región: "(...) en estas instituciones no se busca aprender de un saber mono-cultural, sino de los saberes acumulados, modos de producción de conocimiento y formas de aprendizaje, propios de diversas culturas, poniéndolos en relación". (Mato, 2009:15) El destacado es nuestro. Mato, Daniel (2009). Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina Panorama regional, procesos interculturales de construcción institucional, logros, dificultades, innovaciones y desafíos., En Mato, D. (coord.), Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos. (pp. 13-78). Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe.
6. Gudynas, E. (2009) La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador, Revista de Estudios Sociales, 32, 34-47.Bogotá.
7. Martínez Alier, Joan 1998. "Deuda ecológica, y derechos económicos, sociales y culturales", APRODH, dissponible en http://www.deudaecologica.org/Que-es-Deuda-Ecologica/Deuda-ecologica-y-derechos-economicos-sociales-y-culturales.htmlEntrevista a J. Martínez Alier 2008. Marc SaintUpéry, en Le Monde Diplomatique, Bolivia, diciembre.
8. Escobar, Arturo. 2009 "Una Minga para el postdesarrollo" América Latina en Movimiento, ALAI, 26-30.jun. y 2005. "El post-desarrollo como concepto y práctica social", en Mato, D. (coord.) Políticas de Economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización (pp.17-31) Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.
Viernes 13 de Agosto de 2010
jueves, 26 de mayo de 2011
“Esta es una agricultura que no necesita de agricultores”
Entrevista a Walter Pengue
Por Julián Maradeo
El profesor de
E: ¿Por qué, mayormente, se suele estimar los problemas que los agroquímicos pueden causar en los humanos a través de estudios sobre los anfibios?
Walter Pengue: Porque los anfibios son, si se quiere, son mucho más susceptibles a los procesos vinculados al uso de agroquímicos y generalmente esto se extrapola. Yo en todo lo que tenga que ver con este tipo de estudios y con la salud no puedo emitir opinión porque no soy experto en el tema.
E: ¿Cuáles son las características de lo que usted llama la nueva ‘Revolución Verde’?
WP: La nueva Revolución Verde es este nuevo modelo biotecnológico que está promovido por algunas grandes empresas a escala mundial y que tiene al uso de los organismos genéticamente modificados como su principal estrella. Simplemente, lo que termina haciendo es promover un uso más intensivo de ciertos recursos. En algunos casos son herbicidas, como sucede con el glifosato, en otros casos será generar características insecticidas de la propia planta, esto hace que de alguna manera la planta actúe como un mismo insecticida dentro el sistema. De esta manera, los insectos se harán mucho más resistentes más rápidamente de lo que lo hacían antes o incluso en algunos casos, como sucede con las malezas, se hacen tolerantes, lo que hace que utilicemos cada vez más agroquímicos para poder controlarlos. Esta es una situación que involucra esta segunda revolución.
Por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver desde el punto de vista social. Esta es una agricultura que en realidad no necesita de agricultores. Ya se lleva la situación a una escala, por eso se ha llamado agricultura industrial, donde de alguna manera el sistema rural como tal se quiebra para poner simplemente al suelo como una gran fábrica, como algunos pretenden llamarlo. Pero hay que notar que es una fábrica sin obreros, sin trabajadores. Con máquinas, que transforman parte de estos productos en productos alimenticios que no sé de qué tan buena calidad pueden ser.
E: ¿Cómo es el nuevo sujeto agrario?
WP: Un empresario de unos 35, 40 años, con formación agronómica que puede ser ingeniero agrónomo o técnico agrónomo o muy vinculado a la agricultura. Una persona que no vive en el establecimiento rural, sino en pueblos y particularmente en ciudades, que se acerca a los espacios de producción en mucha menor cuantía de lo que lo hacía un agricultor que estaba más vinculado. Esto en relación al actor agrario que hoy en día maneja el sistema productivo como uno lo ve en la región pampeana. Pero hay otro, que resiste, que es el típico chacarero nuestro, o pequeño productor, que trata de sobrevivir en ese contexto. Un contexto en el que se enfrenta a pooles de siembra, a situaciones de alto flujo de dinero, mayor al que los pequeños productores están acostumbrados. Diría que hay como dos líneas. Un agricultor que todavía resiste, inclusive en los jóvenes, y hay otros que pretenden mostrar el éxito al estilo de un darwinismo agropecuario, que en Argentina empieza a tener una historia bastante importante en términos bastante importante puesto que también existe el darwinismo agropecuario.
E: ¿Hay independencia en la esfera científica para investigar estos temas?
WP: Creo que desde que la presidenta descubrió que la soja era un yuyo y que generó esa discusión, de alguna manera se abrió el escenario en la ciencia que dijo ‘bueno, si la presidenta critica la soja, ahora es un buen negocio investigar los impactos de la soja’. A partir de ahí aparecieron un montón de investigadores, que tendrían que haberlo hecho 15 ó 20 años atrás y no lo hicieron. Hoy creo que es mucho más fácil hablar críticamente del modelo rural porque el Gobierno de alguna manera está enemistado con el campo, que cuando uno reflexionaba en los años ’90 sobre el impacto que iba a tener este modelo. Creo que hay una falta de seriedad en algunos investigadores que encontraron en esto una alternativa para descubrir lo que se tendría que haber descubierto mucho antes. Pongo un ejemplo: el glifosato se conoce desde los años ’80, ¿Por qué institutos como el Conicet o facultades como la de agronomía no se dedicaron a investigar sus impactos, cuando en buena parte del mundo esto se viene desarrollando? En la investigación no creo que estemos por delante del tren, sino en el furgón de cola.
E: ¿Le sorprendió lo ocurrido con Andrés Carrasco y su investigación?
WP: Quizá yo, tal como hice con mis libros, hubiera intentado publicarlo antes y no informarlo previamente, porque lo que sucede es que lamentablemente en cualquier situación de este tipo en particular, el lobby científico, que protege estos intereses de las biotecnológicas, son muy poderosos. Lamentablemente, lo que sucedió es que ese paper no pudo ver la luz justamente por esta cantidad de procesos relacionados con esta triste situación, que no es hacer ciencia con conciencia y preocupación, sino simplemente el poder de lobby de un grupo sobre un pequeño grupo que se decide a investigar.
E: ¿Están en riesgo la soberanía alimentaria y la biodiversidad?
WP: Para el caso de Argentina creo que el país tiene diversidad, todavía tiene con qué enfrentar muchas situaciones. Si usted me dijera ‘¿qué está pasando en la región pampeana con los transgénicos?’. Yo creo que si el país se decidiera tanto política como productivamente puede reconvertirse rápidamente y hasta convertirse en un productor orgánico. Que haya producido transgénicos hoy en día no significa que esté todo contaminado. No usaría la palabra contaminación con los cultivos transgénicos, son simplemente cultivos que han sido creados y manipulados en parte por el hombre, que hoy día están en producción. A nivel de los riesgos en la región pampeana no hablaría de eso, simplemente que pueden ser desplazados y que el mercado se abriría para otras instancias y la misma gente demandara otras cosas, algo que lamentablemente no está sucediendo.
Por otro lado, está el gran potencial que tienen los modelos agroecológicos de producción, modelos de producción orgánica que tienen que apuntar hacia el consumo local. Lo que creo que está pasando es que Argentina perdió el rumbo en la visión vinculada a la soberanía alimentaría, que implica que nosotros pensemos que toda nuestra gente coma, y coma bien, y luego como gran país que Argentina es en término de sus recursos por supuesto que puede generar enormes cantidad de excedentes exportables de altísima calidad. Por lo cual en lugar de estar recibiendo el valor que está recibiendo hoy por el valor de una tonelada de soja, reciba muchísimo más por una buena tonelada de productos orgánicos y diversos que también se pueden colocar en el mundo. Por supuesto, que implica una mucho mayor dedicación y logística que la confortabilidad que significa poner una tonelada de granos adentro de un barco. Necesitamos que nuestra Cancillería, que nuestras embajadas operen en beneficio del país tejiendo redes de promoción de nuestros productos de buena calidad, que hacia el mercado interno se apunte al consumo de productos locales y se aseguren las cadenas de comercialización. Que las cadenas de comercialización no estén manos de estos grandes traders o supermercados que hoy día operan de la manera que quieren atentando contra los precios de sustentabilidad de los agricultores pequeños y medianos. Hay un montón de cuestiones en las cuales el Estado como tal debería poner su mano y su control y hoy en día no lo está haciendo. Hay que observar que cuando uno quiere operar sobre los cambios en los precios, por ejemplo de la leche, se intenta negociar con grandes productores, con grandes grupos, en lugar de con pequeños grupos y facilitar su supervivencia. Cualquier decisión estatal estratégica, en ese sentido, lo único que hace es lograr que desaparezcan agricultores. Esta es una visión que hay que tener muy en claro en términos de la decisión de políticas agrarias que necesitamos tener rápidamente
13 años de resistencia de la fábrica recuperada IMPA
Perder la paciencia
"Mientras estábamos desarrollando el corte, nos avisan los compañeros trabajadores- que estaban en una carpa en Querandíes y Pringles haciendo una guardia permanente desde el primer día de desalojo- que la policía había retirado las vallas, la infantería y el camión hidrante y que había dejado sola la puerta de la fábrica. Inmediatamente, nos trasladamos a la puerta de la fábrica y entre todos empezamos a ver qué hacer. Hasta que algunos trabajadores rompen las fajas de clausura y empiezan a forzar la puerta de la fábrica hasta hacerla ceder. Esa noche hicimos guardia en medio de un festejo y una alegría indescriptibles” [1] .
En agosto de 2008, los trabajadores de IMPA -o Cooperativa 22 de Mayo- recuperaron por segunda vez la fábrica. Tres años después, mientras trabajan con generador eléctrico porque Edesur no les quiere bajar energía, en sus instalaciones laburan más de 100 obreros, alrededor de 200 personas cursan el bachillerato popular y comienza a tomar forma la Universidad de los Trabajadores.
Esta es una historia más de resistencia en Argentina. Pero todas las historias de resistencia no son como la de IMPA-Fábrica Ciudad Cultural.
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1996. Mientras muchos argentinos de clase media alta, producto de la convertibilidad impuesta por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, aprovechaban la ficticia paridad entre el peso y el dólar para viajar por el mundo o comprar bagatelas importadas, comenzaba el epílogo del vaciamiento de Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina [2] (IMPA). Consistió en el robo de partes fundamentales de algunas máquinas y, finalmente, en la convocatoria de acreedores declarada en 1997.
Por ese entonces, los socios de la supuesta cooperativa IMPA tenían un retiro diario de cinco pesos.
Abril de 1998. Cierre de IMPA. Ya no trabajaban 500 obreros como durante la década del ‘60 y la mayoría de los 132 trabajadores estaba suspendida.
4 Mayo de 1998 . Un número considerable de trabajadores había encontrado otro laburo para salir del paso. Sólo un tercio, sin otra posibilidad que aguantar, decidió tomar la fábrica con el apoyo de Guillermo Robledo y Eduardo Murúa, militantes de la agrupación 17 de Octubre.
La deuda ascendía a $8.400.000. Lejos, muy lejos, había quedado el momento en que, durante el primer gobierno de Juan Perón [3] , fabricaban las bicicletas “Fuertes, resistentes y livianas” Ñandú, que eran repartidas por Evita a través de su fundación; o la participación en partes de la construcción del Pulqui, primer Jet latinoamericano.
En esa época, IMPA contaba con tres plantas: una estaba en Quilmes; otra, en Ciudad Evita y la tercera, en el barrio de Almagro.
Ya en la década del ‘60 hay registro de un atisbo de resistencia. Arturo Frondizi, electo presidente bajo la proscripción de Perón, desestructuró DINIE. El autor de “Petróleo y política” decidió, por un lado, que la planta de Quilmes pase a manos de la Aeronáutica y, por otro lado, el cierre del edificio que estaba en Ciudad Evita. La de Almagro hubiera corrido la misma suerte que esta última si los trabajadores no se levantaban. Motivo por el cual, en 1961, tras llegar a un acuerdo, IMPA se convirtió en cooperativa.
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Buenos Aires, 6/4/2011
COMUNICADO DE PRENSA DE IMPA
El día jueves 31 de marzo, 8:00hs: Se presentaron en IMPA, Funcionarios Judiciales de la Cámara Nacional Comercial - Sala A, haciéndose pasar por personas interesadas en el Bachillerato Popular de IMPA, preguntando al compañero que estaba en portería qué cantidad de personas trabajan y si trabajábamos de noche. Mientras que, en un taxi estacionado en la puerta, había dos personas más: una de ellas se identificaba como "Jueza", como no sabemos su nombre la describimos físicamente: entrada en años y obesa , pelo negro y tez blanca, y otro hombre que conversaban sobre el valor inmobiliario del bien, y lo que harían con el Caso: que "debían esperar la llegada de Valeria la secretaria, que estaba de viaje en el exterior y llegaba en tres semanas, que “solo son 15 y los desalojamos por la fuerza y les iniciamos una causa por usurpación”, y repetían constantemente el valor del inmueble y su excelente ubicación. Cuando se fueron, el taxi los llevó hasta el juzgado de Libertad y Lavalle donde finalmente se bajaron.
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Los 40 que se quedaron eran trabajadores manuales-“de la producción”-. Ningún administrativo participó de la toma.
Como estaba en concurso, la calificación de IMPA en el Banco Central era cinco, es decir que su deuda era considerada incobrable. Esto significaría una seria limitación para los trabajadores que estaban en plan de recuperar la empresa.
En 2001, Oracio Campos, mientras era presidente de la Cooperativa 22 Mayo (actualmente está jubilado), explicó didácticamente y en retrospectiva en qué estado financiero se hallaba IMPA: “en diciembre del ‘97 se presentó el concurso, y homologamos en marzo del ‘99. Eso quiere decir que nuestros acreedores estatales y privados nos dieron tres años de gracia, y diez de plazo para pagar. Pero por ser una empresa en concurso estamos en calificación cinco del Banco Central, que significa que no podemos pedir crédito. Nos cambian esa calificación recién cuando paguemos el 40% de la deuda, que sucederá dentro de seis años. O sea que durante seis años voy a estar en esta situación, teniendo que conseguir crédito a través de cuevas financieras que nos cobran el 4% mensual, que significa el 60% anual, cuando cualquier banco nos daría crédito por el 25% anual. Nosotros ya pagamos 600.000 pesos de intereses en cuevas financieras. Lo increíble es que yo negocié con mis acreedores, y el Central, al que no le debo un peso, me castiga. La norma del Banco Central dice que cualquier banco que le dé crédito a una empresa en las condiciones de la nuestra tiene que previsionar el cien por cien. O sea que la tasa es el doble. Si me presta un peso, tengo que devolver dos. Y además no puedo usar el bien como garantía. Este edificio sale siete millones, pero no lo puedo usar como garantía. Si hoy el Banco Ciudad nos da un crédito, podríamos levantar la convocatoria y eso nos permitiría estar en el circuito normal del crédito. Con un millón y medio de pesos salimos del concurso” [4] .
Por esos días, los trabajadores que hicieron la toma notaron lo que les hacía falta: electricidad, materia prima, capital para invertir y, como mínimo, un aliado de fuerza.
Empezaron a probar con algo que años después denominaron hacer alcancía. ¿En qué consistía? En ir a las facultades estatales, aula por aula, y, después de explicar la situación que los atravesaba, pedir que les den la plata que pudiesen. “El compañero va, explica cuál es el conflicto, cuál es el proyecto de toma y funcionamiento de la fábrica. Pasábamos la alcancía, nos traíamos 500 o 600 pesos. Con eso viajaban los compañeros y sosteníamos el morfi de acá, de la toma”, detalló Murúa.
Se estaban erosionando dos paredes a la vez. La primera: trabajadores que nunca habían entablado una relación debían propinar, de manera forzada, confianza a su par. La segunda: los vecinos, con quienes no había trato alguno, se acercaban por voluntad propia a colaborar
Nosotros, los negros, somos capaces de manejar una empresa
22 de mayo de 1998. Ese día se realizó una asamblea en la que participaron la dirección que quebró IMPA, los trabajadores de la toma y un inspector del INAES [5] .
Los antiguos dirigentes quisieron echar a Murúa bajo el argumento de que no era socio. Los trabajadores se opusieron y ésa fue quizá la primera victoria en aquella reunión.
Campos relató cómo fue la inesperada reacción de quienes llevaron a IMPA a la quiebra: “(…) iban perdiendo puntos y, bueno, lo último era la votación. Y cuando llegamos a la votación yo vi que levantaron las carpetas cada uno y, yo no escuché porque estaba lejos, me contaron que dijeron ‘vamos a dejarla para ellos, dentro de una semana nos van a ir a buscar’” [6] .
Ese mismo día, los trabajadores eligieron a quienes compondrían el Consejo. “Las urnas estaban preparadas, fuimos a la votación hasta las seis de la tarde, empezamos a votar, yo jamás pensé estar en el Consejo. Fuimos a la presidencia y a la distribución de cargos, todo lo hacíamos con voto secreto. Y lo más importante de esto es que no se fue ninguno. Todos estábamos sin comer y no se fue ninguno. Y no era sencilla la cosa, o cerraba IMPA o íbamos para adelante, no era para irse y decir yo tengo hambre. Ahí estaba en juego nuestro trabajo. Vamos a la distribución de cargos y, por unanimidad, estaba de presidente yo. Entonces yo tenía que salir a hablar a los compañeros y ya eran las nueve de la noche y ahí parados hicimos la reunión, y les digo: “ahora, compañeros, nosotros tenemos que demostrar que nosotros, los negros, somos capaces de manejar una empresa. Y para eso tenemos que manejarlo así y así. Pero parece que todos escucharon que no era sencillo”, graficó Campos [7] .
Para volver a producir inmediatamente, dos eran los problemas que necesariamente debían resolver: la electricidad y la materia prima.
Nuevamente, los trabajadores sintieron el gusto amargo que causa la aparición de dificultades cada vez mayores. La dirigencia que quebró IMPA mantenía una deuda con Edesur, por lo que esta empresa no quería bajarles electricidad. Hubo movilizaciones que no surtieron efecto entre los dirigentes políticos, que ya tenían el lomo curtido de hacerse los otarios. El sanjuanino Marcelo Castillo jugó su ficha solicitando una entrevista con el senador nacional Alfredo Avelín, coterráneo suyo.
Murúa, espalda arqueada y con los codos sobre el vidrio que recubre la mesa de su oficina, precisó: “IMPA tenía una deuda, no nos querían conectar la luz. Hicimos movilizaciones en la Cámara de Diputados y en ENRE [8] . Todos los lugares que caminamos y en todos los lugares nos rechazaban. Bah, no nos daban pelota. La clase política en ese momento- y nunca- nos dio pelota. Había un compañero acá de la cooperativa que se llamaba Castillo que conocía a un senador, que es el senador Avelín, que después fue gobernador en San Juan [9] . Lo fuimos a ver sin muchas esperanzas ya. La verdad es que nos atendieron muy bien. Tomó el tema, llamó a Edesur, apretó como debía apretar y ahí Edesur se dignó a aceptarnos algunos cheques y ponernos la luz. Ahí empezamos a hablar con los clientes para que nos den algo de materia prima y confíen que les íbamos a pagar. Ahí, por fin, empezamos a trabajar”.
Resuelto el tema de la energía necesaria para poner devuelta en funcionamiento parte de la capacidad de la empresa, faltaba la materia prima. Guillermo Robledo, que al igual que Murúa, provenía de la agrupación 17 de Octubre, “le sacó $40 mil al viejo y con eso compramos las primeras toneladas de lingote” [10] . Así se volvió a producir.
Los trabajadores de IMPA, con el propósito de recuperar la empresa, percibieron que la concentración industrial acaecida como política de los gobiernos de facto y democráticos sería uno de sus principales problemas. En su caso tenía nombre e historia: Aluar.
Cuatro décadas atrás, competían. Cuatro décadas después, Aluar había concentrado horizontalmente e integrado verticalmente. Por lo que IMPA debía comprarle materia prima. La hipótesis de Murúa es que el crecimiento de Aluar y la gradual destrucción de IMPA están íntimamente relacionados. Aluar “aparte de ser monopolio en la materia prima, también compite en los productos terminados. Al ser monopolio te ponía la condición de pago adelantado. Mientras que la economía en el ’98 funcionaba a 90-120 días, vos tenías que morir en el monopolio Aluar a comprar adelantado. O sea que nosotros no solamente teníamos que reconstituir nuestro propio capital de trabajo, sino que generar capital de trabajo para nuestros clientes. Nosotros no teníamos la posibilidad de conseguir materia prima a plazo”.
El poco tiempo transcurrido entre el cierre y la recuperación permitió que IMPA mantuviese casi los mismos clientes. Durante la semana, muchos de los trabajadores decidieron quedarse a dormir en las instalaciones para no gastar en viático y recién el fin de semana volver a sus casas.
La desconfianza entre los clientes fue superada gracias al oficio de los vendedores, “que son gente muy conocida en el medio y además son parte de la cooperativa” [11] . Por su parte, como una espada de Damocles, el Banco Central de la República Argentina mantuvo la calificación de “no sujeto a crédito”, lo cual hizo que todo lo que faltaba-como por caso las plaquetas electrónicas que se habían llevado los administradores anteriores- fuese repuesto recién tras varios meses de trabajo, en los que el apoyo de los vecinos no cesó.
Dentro del universo de empresas recuperadas por sus trabajadores, el caso de IMPA tiene particularidades que sobresalen. Una de ellas es la rapidez con que fue puesta en funcionamiento [12] . Otra se debe a la conformación mixta entre quienes tenían un pasado sindical- y habían llegado desde afuera- y los trabajadores que no formaban parte de ninguno debido a que formalmente figuraban como cooperativa, “cooperativa administrada como sociedad anónima”, definió Murúa.
Cuando IMPA emergió, aún no se vislumbraba la toma como un patrón de acción al que recurrirían los trabajadores para defender su fuente laboral.
La década que bajaría el telón al milenio- y que ponía fin al siglo que vio pasar a Argentina de granero del mundo a uno de los países con mayor desigualdad- había estado signada por la protesta social. La cual, inicialmente, estuvo protagonizada por los trabajadores estatales, que, producto de la privatización de las empresas del Estado, eran cesanteados. Luego, a partir de 1995/96, pasó a ser motorizada por nuevos sectores sociales “como desocupados, pobladores, vecinos, piqueteros, productores, presos, grupos ecologistas, de familiares y de padres, organismos de derechos humanos, agrupaciones de mujeres, homosexuales, ex combatientes, entre otros” [13] .
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Viernes 1° de abril: Al presentarnos en dicha Cámara con una nota de repudio y denuncia firmada por todos los integrantes de la Cooperativa , pudimos confirmar que se trataba efectivamente de Funcionarios Judiciales. Allí individualizamos a uno de los tres personajes que mencionamos, quien al ser interpelado por nosotros no pudo justificar su "clandestina" presencia del día anterior. (Todavía deben estar preguntándose cómo nos enteramos, pero no podrán entender nunca que la solidaridad de nuestro pueblo existe y puede abortar acciones de injusticia).
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Noviembre de 1998. La toma, la resistencia, las movilizaciones y la posterior recuperación establecieron, entre los trabajadores, la sensación de que solos iba a ser muy difícil, puesto que el sistema es hostil ante las alternativas que cuestionan sus bases.
Por eso, decidieron invitar a Orlando Borrego, compañero del “Che” Guevara, para que dé una charla. Entre el público se mezclaron universitarios que se hicieron eco de IMPA cuando los obreros hacían alcancía en los centros académicos.
Mayo de 1999. A un cuarto de siglo de la muerte de Arturo Jauretche, los trabajadores de IMPA organizaron un homenaje que incluyó murgas y artistas callejeros. Así, se fue laborando una relación que desembocó en la creación del Centro Cultural, el cual, llegando a tener 45 actividades, comenzó a funcionar en el edificio de Querandíes. La síntesis quedaría plasmada en el nombre “Fábrica-Ciudad Cultural”. Pues, en el mismo espacio, conviven trabajadores y diferentes expresiones artísticas.
En el Manifiesto de diciembre de 2000 hicieron explícito su objetivo: “abrir esta experiencia solidaria a la comunidad llevándola a parques, escuelas y otros centros y espacios culturales”.
Murúa entendió que la emergencia y afianzamiento de IMPA estaban entrelazadas a la resistencia simbólica: “vimos que alguna gente se iba muy enganchada con el hecho de participar de un centro cultural dentro de una fábrica. Ahí dijimos, bueno, haber qué pasa. Ese fue el motivo: aparte de poner a producir la fábrica, tengamos un lugar de resistencia y desde donde decir lo que veníamos diciendo en otro lado. Putear desde acá el modelo, el sistema, desde acá”.
Durante ese año, alrededor de 15 cooperativas se juntaron y formaron el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.
2001 . IMPA fue la sede del Festival Internacional de Cine de Buenos Aires. En Argentina, tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa , se sucedieron tres presidentes hasta que en el sillón de Rivadavia se recostó Eduardo Duhalde, ex vice de Carlos Menem y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999.
En un país fragmentado, en el que el reflujo de las masas permitió a los dirigentes y empresarios hacer y deshacer a gusto y placer, empezaron a brotar las tomas de fábricas, fundamentalmente, en los centros industriales del país, como lo son la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
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Desde IMPA nos preguntamos:
¿Quién se hará cargo de este escandaloso accionar judicial? ¿Quién los autorizó? ¿Cómo es posible que funcionarios judiciales hagan inteligencia antes de una decisión judicial? ¿Cómo puede ser que estén preparando un desalojo cuando la propia Cámara Comercial aún no resolvió las apelaciones presentadas por nosotros, la Fiscalía y la Ciudad ? ¿Es casual esta provocación cuando estamos a punto de presentar un proyecto de expropiación definitiva? ¿Cómo se explica la actitud de la Cámara a la que desde hace meses venimos pidiéndole una reunión, y nunca fuimos atendidos por los jueces? Extraña situación cuando de su fallo depende la vida de nuestras familias .
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Entre 1998 y 2005, IMPA incorporó 120 trabajadores, incluso al costo de ser improductivos. Para esta recuperada el fundamento económico no es el único: “lo hicimos, una, porque pensamos que lo mejor para nosotros era constituir los puestos de trabajo. Que la mayor pelea y demostración era poder generar puestos de trabajo. Pero también, a veces, en contra de la propia economía de la empresa. Teníamos más gente de la que deberíamos tener y éramos improductivos totalmente. Pero teníamos muchos compañeros que habían quedado afuera en los años ‘97, ‘98, que venían y pedían un lugar y nosotros nunca les podíamos decir que no. Así que entraban igual, independientemente de que tuvieran tarea o no. Después veíamos dónde acomodábamos a los compañeros. Fue en contra de cualquier teoría económica”, explicó “el vasco” Murúa.
Los 120 incorporados toman real dimensión si se tiene en cuenta que son aproximadamente 1000 los puestos creados por las recuperadas entre 2001 y 2007 [14] . O sea que más del 10% de los puestos creados por las más de 200 recuperadas de la Argentina pertenece a IMPA .El criterio reinante no es la especialización, sino la confianza. Por eso los antiguos trabajadores y los familiares son los predilectos.
En IMPA se optó porque no existiese el período de prueba, por ser considerado una reminiscencia de la flexibilización laboral ejecutada entre 1976 y 2001: “el compañero que entra en IMPA al mes queda como asociado, con todos los mismos derechos y el mismo salario”, afirmó Murúa. Sin embargo, las complicaciones no son pocas, puesto que “el compañero que viene de afuera piensa que entra en una fábrica normal, que viene y trabaja en una fábrica. Nosotros hacíamos un proceso. Llamamos al compañero, de entrada hablamos con el compañero. Cuando había tiempo le explicábamos cómo había sido el proceso de recuperación; cómo trabajábamos acá; cuál es el sentido de la cooperativa. Pero no todos respondieron como nosotros pensábamos. Tenemos temor en esas cosas”, describió el hoy integrante del Consejo.
Ríos de tinta se han derramado sobre el cambio de subjetividad del trabajador, que pasa de la forma capitalista a la autogestión. El analista suele trampear: intenta relegar que la sociedad sigue siendo eminentemente capitalista y lejos está de cuestionárselo.
Para Murúa, el punto de inflexión, que no es un quiebre, ocurre cuando el trabajador se da cuenta de que no “tiene ley”, que la ley es para otros: “Porque mucha gente cree que tiene ley. Vos laburaste 30 años. Ahora te pegan una patada en el culo, no tenés indemnización, ni los aportes jubilatorios, ni obra social. Nada. Te robaron todo. Eso es lo más difícil. Esa comprensión de cómo funciona el sistema. Acá te das cuenta cómo funciona todo el sistema. Un trabajador se tiene que preguntar mientras el patrón se robaba todo, mientras no me pagó los aportes. El Ministerio de Trabajo nunca apareció. Y ahora que yo quiero quedarme en esta fábrica me mandaron 150 tortugas a cagarme a palo. ¿Qué clase de Estado es que nunca vino un tipo a ver qué estaba haciendo el patrón y ahora me manda 150 policías a cagarme a palo? Digo: ¿hay Estado o no hay Estado? Hay Estado, pero no es el tuyo, no es el de la clase trabajadora. Es el Estado de la burguesía. Eso es aprendizaje. Ese es el aprendizaje que no tenían los compañeros”.
La toma de decisiones colectivas representa otra peculiaridad. En IMPA se hace de dos maneras: asambleas informativas mensuales y charlas diarias entre los compañeros de turno.
¡Qué cagazo! ¡Obreros y estudiantes como en el Cordobazo!
2004. La creación del Centro Cultural- considerado, por los trabajadores, como un espacio de resistencia cultural que robustecía la que oponían desde lo productivo- decantó en un bachillerato de tres años, destinado a los trabajadores que no habían completado el nivel secundario. Roberto Elizalde- “compañero nuestro en la otra etapa”, contó Murúa- se puso al frente sin importarle que los títulos no estén oficializados por el Estado, logro que se concretó en 2005.
El bachillerato, que actualmente funciona en el tercer piso de la fábrica, es resultado de la sinergia entre trabajadores, estudiantes, vecinos y desocupados. Inicialmente, apuntado a los trabajadores. Con el tiempo, la necesidad redireccionó su andar y se dio lugar a jóvenes de los alrededores que no tenían cabida en las escuelas “tradicionales”.
Partiendo de los postulados del pedagogo brasileño Paulo Freire, dos profesores por aula fomentan el debate ya sea oral o escrito. La finalidad explícita es la de romper las estructuras de poder que se reproducen en el aula del sistema educativo formal, por eso “a veces los profesores nos ponemos de un lado y a veces del otro, lo que parece contradictorio -narró Nahuel con voz paciente como su andar para subir los tres pisos-. Lo que sucede es que sino los pibes se agarran de tu debate y lo toman como una verdad absoluta. Romper con eso es tarea del docente”.
Los jóvenes que van al bachillerato provienen del barrio Ramón Carrillo, de Ciudad Oculta, de la villa 21, de la villa de Flores y del barrio de Almagro donde está IMPA.
En un aula en construcción, en la que los bancos para dos forman un rectángulo, Nahuel, con incipiente barba y camisa blanca fuera del jean, explicó en qué consiste lo que él denomina proceso de reapropiación por parte de los alumnos: “es todo un proceso desde que ingresan a primer año y se van apropiando del bachillerato como si fuera de ellos hasta que llegan a tercero. Va habiendo una transición. Uno de primero está buscando, por lo general, provocar al docente, ver hasta dónde puede llegar. Busca hasta que lo reten, les pega a sus compañeros, trata de hacer líos, no cuida el lugar, escribe las paredes. Ya cuando los encontrás en tercero son los mismos pibes los que están colaborando con los profes para hacer estas reformas edilicias que estamos haciendo, son los mismos pibes con los que uno está tomando mate en la sala de profesores, son solidarios. Que después, cuando tenemos que salir a pelear, sea por becas para ellos o sea para que a nosotros el Estado nos pague un salario, salimos todos juntos y son los más comprometidos. Es un proceso de reapropiación”.
Cuando, en 2005, la conducción de la Cooperativa 22 de mayo la ganó la facción apoyada por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, dirigido por Luis Caro, el bachillerato pasó a funcionar a la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UBA.
En el presente, 2011, los profesores de los más de 30 bachilleratos populares trabajan ad honorem [15] . En el caso de IMPA ocurre desde 2004. Para Nahuel la causa por la que hasta ahora no les pagan el salario es clara: “cuando fuimos a reclamar por los sueldos, lo primero que se pidió que cedamos fue que los docentes fueran elegidos por concurso, a lo cual nos negamos. Los docentes salen de las organizaciones sociales, no salen de cualquier lado. No se los elige por mejor puntaje, sino porque sean los más comprometidos. También nos ofrecieron sueldos a cambio de que ellos decidan sobre el programa y el plan de estudios. A eso también les dijimos que no. El plan de estudios lo armamos nosotros, los programas los hacemos nosotros. Eso no se negocia”.
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Desde IMPA alertamos:
No queremos ser utilizados para que hablen de hechos de violencia en la ciudad y cómo se debe o no actuar ante un conflicto. Todos aquellos que, teniendo la posibilidad de evitar y prevenir estas cuestiones, no actúen en consecuencia, no quieran, mañana, hablar sobre nosotros de "hechos de violencia", sepan que, desde el momento de leer este comunicado, son RESPONSABLES y está en sus manos aportar, colaborar para evitarlos.
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12 de octubre de 2004. Convocado desde la Casa Rosada , Eduardo Murúa se reúne con el entonces presidente Néstor Kirchner y su jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Las demandas fueron puntuales: la creación del fondo para capital de trabajo de las empresas recuperadas por fuera del sistema financiero formal; el envío del proyecto de Ley Nacional de Expropiaciones de Unidades Productivas por parte del Ejecutivo y el reconocimiento de los trabajadores autogestionados para que en el futuro puedan jubilarse.
Una salvedad que marca una diferencia clara entre el MNER y el MNFRT: la Ley Nacional de Expropiaciones de Unidades Productivas tiene un alcance más profundo que el pedido de reforma de la Ley de Concursos y Quiebras [16] , puesto que la finalidad es que “una vez quebrada la empresa, organizado el grupo de trabajadores que lo solicite, el Estado expropia el bien, se lo dona a los trabajadores para la continuidad. Y el Estado se queda con el bien”, expresó Murúa.
En esa reunión, el santacruceño, según Murúa, estuvo de acuerdo con lo solicitado e, incluso, delante de él indicó a Fernández que se encargase de la redacción del proyecto de ley y a Patricio Griffin, del fondo para capital de trabajo. Pasaron los años, y nada. Sólo una invitación a la residencia presidencial para participar del acto en que iban a anunciar un crédito de $15 mil para las recuperadas.
Tiempo después, cuando el conflicto por Gatic, imprimieron numerosas mariposas que portaban la inscripción “Kirchner=Menem. Caso Gatic”. Las mariposas coparon el microcentro, lo que levantó polvareda en el gobierno, que entre sus ejes discursivos exaltaba la oposición al Menemato. Murúa está seguro que esto llevó a que el movimiento dirigido por Caro obtuviese beneficios, como la bajada de luz inmediata, que le eran negados a IMPA.
En 2006, en el medio del canje de la deuda, con Murúa a la cabeza, tomaron la oficina de Oscar Parrilli, secretario General de la Presidencia , después de no alcanzar un acuerdo. Estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Ahí se produjo un quiebre dentro del MNER, porque “empiezan muchos compañeros del propio movimiento a llamar al gobierno diciendo que Murúa está loco, que ellos no estaban de acuerdo y esas cosas. Eso debilita”, señaló Murúa.
En esos años, IMPA denunció a Aluar por práctica desleal tanto frente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia , en 2006, como ante la Secretaría de Comercio en 2007. Las cosas, a pesar de la retórica oficial en torno a lo nacional y popular, siguieron iguales.
2008 . En la noche del martes 15 de abril, portando la orden del juez Hugo Vitale, a cargo del Juzgado en lo Comercial Nº 4, a raíz del reclamo por una deuda generada por quienes administraron IMPA antes de la recuperación, un cuerpo de policías ejecutó el desalojó aprovechando que había sólo cuatro personas.
En 2007, cuando retomaron la conducción, relató Murúa, se encontraron con que “habían pasado varias cosas. Primero, no se habían pagado las cuotas concursales y, por otro lado, habían entrado con el otro Movimiento de Fábricas Recuperadas (MNFRT), que había traído un grupo inversor que quería vender la fábrica, vender el inmueble. Se le había hecho una propuesta a los trabajadores de llevarse un retiro y vender el inmueble. (Caro) Trajo unos inversores que manejaron desde 2006 hasta el 2007, a los que les ocupamos la fábrica nuevamente y los sacamos. Pudimos empezar otra vez de cero, pudimos recomponer más o menos la actividad. Pero no pudimos pagar”.
La decisión del juez Vitale formaba parte del “rulo”. ¿Qué era el rulo? Un acuerdo entre los inversores, el juez y el síndico para vender el inmueble, cuya tasación era de $20 millones. Murúa desplegó cómo sería la operación: “el rulo era que esto salía 20 millones de pesos. A los trabajadores le iban a dar 3 millones. Iban a pagar 4 millones de deuda. Entonces, le iban a quedar 13 millones limpios. Eso había que repartirlo entre los inversores, el síndico y el juez. Estaba todo atadito. Estaba todo para hacer. Solamente que muchos compañeros de acá dentro, más nosotros que estábamos afuera, le ocupamos la fábrica y le rompimos el negocio. Síndicos y juez estaban enloquecidos porque venían cobrando 15 lucas por mes de los inversores que les tiraban guita”.
Esa connivencia condujo a que “con cualquier pedido que te hacían en el concurso los tipos te jodían”. Ante este intento de asfixia, los trabajadores elevaron a Vitale una propuesta: vender el galpón que estaba frente a la planta de Almagro, para poder saldar la deuda del concurso. A esto se sumaba que en enero de 2009 cobrarían, por un juicio, $3 millones 300 mil. Con eso, estimaban, podrían abonar por adelantado dos años de concurso y capitalizar la empresa.
Desde el primer momento, profesores y alumnos, que habían mudado las clases del bachillerato popular a la FFyL , pusieron el cuerpo a la par de los trabajadores. La imagen expresaba en sí misma quiénes se enfrentaban. Policías armados y parapetados en torno a un camión hidrante. Sobre el vallado colgaba un trapo blanco en el que con letras negras se sentenciaba que “IMPA es nuestro”. A metros del vallado, profesores y alumnos debatían en plena clase.
Nahuel, que estuvo dando clases durante esos días, ya no se espanta de que el Estado, que monopoliza la fuerza coercitiva, vaya contra ellos: “dábamos clases al lado del vallado policial que nos separaba de la infantería de la policía y de un camión hidrante que estaban ubicados en Querandíes entre Rawson y Pringles, con vallas en ambas esquinas. Entonces, pasó lo inevitable. Vinieron en apoyo a la fábrica trabajadores de otras recuperadas como la UST (Unión Solidaria de Trabajadores), y, en medio de provocaciones verbales de la policía y la respuesta de algunos trabajadores, se produjo una gran represión policial que abarcó unas 20 cuadras a la redonda en pleno centro de Almagro. Por suerte, ningún estudiante cayó preso. Misteriosamente, hubo un silencio total en todos los medios de difusión, a excepción de algunos pequeños medios alternativos”. El saldo de esas jornadas, que el en relato llevan el nombre de re-recuperación, fue 16 detenidos y 20 hospitalizados.
En asamblea, trabajadores, profesores, alumnos, artistas y aliados decidieron que entrarían el 23 de abril a como dé lugar. Pero el 22, por orden del juez, fueron quitadas las vallas y la policía se retiró. Un grupo de trabajadores rompieron la faja de clausura y empujaron la puerta hasta que cedió.
De inmediato, como un acto reflejo, se pidió a los integrantes del bachillerato que retornen a la fábrica. A su vez, se eligió como presidente a Marcelo Castillo, con más de 20 años de antigüedad en IMPA, y a los que compondrían el Consejo: Marcelo Jiménez, Raúl Miguez, Eduardo Murúa, Juan Carlos de Lucca, Martín Orieta, Julia Taborda, Sonia Gutiérrez y Víctor Páez.
Visto rápidamente podría quedar para la anécdota o como un excurso. Pero representa fielmente lo que es esta historia de lucha: a finales de 2008, en IMPA, se desarrolló la Feria del Libro Independiente.
Ese mismo año, en diciembre, la Legislatura porteña aprobó la ley Nº 2969, en cuyo artículo 6º dice que “ La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede en comodato, a la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo, los bienes a expropiar, con la condición que la entidad continúe con la explotación del establecimiento donde desarrollaba sus actividades la mencionada empresa”.
Antes de que terminase el 2008, a través de un comunicado firmado por Marcelo Castillo, flamante presidente de IMPA, y Eduardo Murúa, presidente del MNER, se convocó a “perder la paciencia”. Desde la perspectiva de la lucha de IMPA, perder la paciencia significa formar nuevos dirigentes; crear ámbitos para disputar saberes; disputar en ámbitos legales y disputar frente a la clase política.
IMPA es de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode
2009 . Vitale declaró inconstitucional la ley 2969 alegando que la Ciudad no pagaba las expropiaciones, “no lo hizo en ningún caso…. Ellos se agarran del artículo de la Constitución Nacional que dice que tiene que haber indemnización previa para la expropiación. Ni el Estado de la provincia, ni el de la Ciudad están cumpliendo con eso. El Estado de la Ciudad tiene una ley propia, la 238, que le da dos años de plazo. Así que el juez tenía que haber esperado eso, por lo menos, para después declararla inconstitucional. Pero con esto de que le habíamos jodido el negocio, el tipo se puso duro y la declaró inconstitucional”, aseguró Murúa.
A fines de agosto, ante esta decisión de Vitale, que señalaba que la expropiación de IMPA “vulnera el derecho de propiedad”, toda la comunidad de IMPA-Fábrica Ciudad Cultural tomó estado de asamblea permanente. En esas condiciones adversas, Murúa, en plena huelga de hambre, propuso no parar hasta crear la Universidad de los Trabajadores.
Facundo Di Filippo de la Coalición Cívica , coautor del proyecto de expropiación junto a Eduardo Epszteyn de Diálogo por Buenos Aires, no dudó en marcar que en la decisión de Vitale “existe animosidad específica contra los trabajadores de la cooperativa y vale sospechar intenciones de lucro con el inmueble” [17] .
Vitale no avanzó pero pidió al gobierno porteño que no expropie. Por su parte, desde IMPA se recurrió a la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, la cual ratificó la inconstitucionalidad de la ley. Por esto, los trabajadores hicieron un recurso extraordinario para solicitar la intervención de la Corte Suprema , el cual también fue rechazado.
Actualmente, en IMPA se producen pomos, bandejas y papel de aluminio para alrededor de 100 clientes. A raíz de que Edesur no les quiere bajar energía, luego del endeudamiento de quienes administraron entre 2005 y 2007, trabajan con un generador eléctrico: “nos cuesta 40 mil pesos más de lo que tendríamos con energía de Edesur. En estos 24 meses ya hemos perdido más o menos 1 millón 200 mil pesos. Tirados a la basura en gasoil y en alquiler del equipo”, remarcó Murúa.
En sus instalaciones, simultáneamente, funcionan el Centro Cultural, el Bachillerato Popular, Subteradio, Barricada TV y un Centro de Salud de Atención Primaria resultado de un acuerdo con el Hospital Durand.
La Universidad de los Trabajadores es una realidad desde el 30 de junio de 2010 y está bajo la dirección del poeta Vicente Zito Lema.
Al igual que el bachiller, funcionará en un galpón, que fue refaccionado. “Empezamos a principio de abril con los cursos sobre movimiento obrero, educación popular y algunas otras cosas. Después vamos a ir viendo cómo nos organizamos en el tema de ya empezar a preparar las carreras. Ya estamos discutiendo con algunas universidades, porque va a ser difícil también. Las universidades en Argentina se crean por ley. Las experiencias que hay son universidades privadas o públicas. No hay esta experiencia autogestiva (…) Va a haber que tener una ley particular para la creación de esta universidad. No queremos estar ligados a lo público. Bah, somos públicos. Digamos, que el Estado no nos condicione ni queremos ser una universidad privada. Entonces, vamos a necesitar una ley especial para la creación y también vamos a necesitar recursos”, se explayó Murúa.
El objetivo es claro pero no sencillo. Así como la recuperación de la fábrica y la autogestión significaron un paso hacia la autonomía, el objetivo de la Universidad de los Trabajadores es apropiarse de los saberes a través de este espacio. Entonces, en todo sentido, la consigna es perder la paciencia y, por fin, “tomar lo que es de uno” [18] .
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Desde IMPA afirmamos:
Así como resistimos desalojos: en el 2008 con compañeros apaleados y detenidos, así como en el 2009 realizamos 15 días de vigilia cultural y la huelga de hambre de dos compañeros en la puerta de la fábrica. Resistiremos con mucha más fuerza cualquier intento de desalojo. Queremos continuar produciendo, enseñando y creando en PAZ. Pero la violencia está en ciernes y no viene de nuestro lado.
¡¡IMPA RESISTE- NO PASARAN!!
IMPA - La Fábrica
Lucha, trabajo y cultura
Querandíes 4290 - (y Pringles)
[1] Contado por Nahuel, profesor del bachillerato popular de IMPA.
[2] Está situada en Querandíes 4290, en la Ciudad de Buenos Aires.
[3] En 1947 pasó a formar parte de la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE).
[4] “Mundo IMPA”, Leila Guerriero. La Nación , 22 de abril de 2001.
[5] Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
[6] Pág. 50. “IMPArables. Resistencia y lucha en una empresa recuperada por sus trabajadores”, Julieta Ávalos. Obra publicada en 2010, de forma independiente, por IMPA.
[7] Idem.
[8] Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
[9] Se desempeñó en ese cargo entre 1999 y 2002.
[10] Eduardo Murúa en entrevista para este trabajo.
[11] Dicho por Oracio Campos. Pág. 49. “IMPArables. Resistencia y lucha en una empresa recuperada por sus trabajadores”, Julieta Avalos. Obra publicada en 2010, de forma independiente, por IMPA.
[12] Según el relevamiento hecho por el programa Facultad Abierta de la UBA , en 2001 la recuperación llevaba 9 meses; en 2002, 15 meses y en 2003-04 demoraba 7 meses.
[13] Ver “En los once años de convertibilidad hubo, en promedio, 6 conflictos diarios” en http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=257.
[14] El dato figura en el “Informe del Tercer Relevamiento de Empresas Recuperadas por sus trabajadores”, realizado en 2010 por el Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires.
[15] Según Murúa está redactado el decreto que destina fondos para pagarles el salario.
[16] En la sesión del 13 de abril, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la modificación de la ley de Concursos y Quiebras.
[17] “Ofensiva contra una empresa recuperada”, Nahuel Lag. En Página 12, 28 de agosto de 2009.
[18] Frase pronunciada por Eduardo Murúa en una entrevista con la revista El Abasto Nº41, diciembre de 2002.
martes, 24 de mayo de 2011
Cómo comunicar (Página 12 - 21/7/10)
A fines de marzo, junto a Juan Alfaro y Luciano Lahiteau, realicé una serie de entrevistas en Córdoba a distintos colectivos que, a raíz de las mortales consecuencias de la sojización, se oponen a este cultivo transgénico, el cual, entre la cosecha de 1996/97 y la de 2008/09, pasó de ocupar 1.818.700 has a 5.128.458 has en la provincia mediterránea.
Uno de los pasos iniciales de estos colectivos fue organizarse para poder reclamar con razonables posibilidades de éxito. No obstante, ante la petición de control estatal, el común denominador ha sido el silencio.
Como cualquier demanda de un sector de la sociedad que es deliberadamente ignorada, lo siguiente es procurar visibilizarla. En ese proceso de visibilización, cuyo objetivo es mantener latente la demanda, es clave cómo se comunica el motivo por el que se ocupa el espacio público con una finalidad muy otra que la de transitar. El diseño de cómo comunicar posibilita forjar alianzas, lo que conducirá, en un momento dialógico, a expandir la demanda inicial con el objeto de integrar a otros actores de la comunidad.
Nos centraremos, como caso testimonial, en la estrategia desarrollada en Oncativo por la cooperativa de trabajo La Minga para no sólo dirigir la atención de los oncativenses hacia la problemática de la fumigación en el pueblo, y a partir de ahí debatir el modelo productivo, sino también para crear las condiciones que permitan transformar su realidad.
En un contexto de polarización, cuyo origen fue la Resolución 125, en 2008, los mingueros resolvieron dar forma a su estrategia comunicacional para no ser considerados ni parte del “campo” ni del gobierno nacional, puesto que “el problema de fondo, que era la soja como problema ambiental, como modelo productivo, no se veía en ninguno de los dos lados”.
Se plantearon dos objetivos. Uno inmediato: “reinstalar el problema ambiental con el apoyo de un consenso con otros actores de la comunidad”. Y otro mediato: ayudar a crear las condiciones para presentar con apoyo popular un proyecto de ordenanza, sobre la base del aprobado en la vecina San Francisco en 2006, para que no se fumigue en la zona periurbana. Hay que tener en cuenta que el centro de Oncativo está atestado de silos y que la ciudad está ceñida por plantaciones de soja.
En los barrios y las escuelas, como espacios primordiales, desplegaron y combinaron distintos tipos de acción: a través de cadenas de mail o la radio difundieron comunicados; reprodujeron videos en las escuelas primarias (por ej. “El Cuento de la Buena Soja”); realizaron talleres para estudiantes secundarios sobre el tipo de consumo como factor creado por el modelo de producción y distribuyeron volantes en los barrios, en los cuales se explicaba cómo actuar cuando “los” fumigan.
Simultáneamente, iniciaron un relevamiento de casos de personas afectadas. Como es usual, cuando un problema velado sale a la luz, no hubo más que esperar para que casos semejantes rompieran la coraza que los mantenía silenciados.
Articularon dos etapas: la primera, de baja intensidad, tuvo como objeto “no confrontar” ni con el intendente ni con los productores, para lo cual, entre otras cosas, evitaron usar términos cuyo sentido contuviese una carga negativa, como, por ejemplo, sojización. A su vez, ante la sociedad, se presentaron como vecinos afectados. En cambio, en los espacios políticos se sirvieron de fundamentos técnicos y de la información recabada. Paralelamente, con el asesoramiento de la cátedra Agroecológica de la Universidad de Córdoba, elaboraron una propuesta de alternativas productivas sin fumigaciones.
La segunda, de alta intensidad, fue desarrollada a partir de la sordera del intendente, los principales productores y los agentes del INTA. Por ello, convocaron a otras organizaciones, como Cafeto y Fundaic. Así se formó el colectivo Vecinos Autoconvocados (VA), que implicó una estrategia “desde abajo”. Esta se materializó en la junta de firmas (diciembre de 2009) en contra de la fumigación: en un breve lapso, reunieron 1350.
Conscientes del capital simbólico acumulado, presentaron un proyecto de ordenanza por iniciativa popular con el irrefutable lema que decía: “Que ya no se fumigue frente a ningún niño, ni ninguna niña”.
Finalmente, el proyecto se presentó en el Concejo Deliberante en marzo de este año al calor de una multitudinaria concurrencia en cada sesión. Gradualmente, se habían ido creando las condiciones en las cuales la demanda se convirtió en prioridad entre los oncativenses. Cómo fue el tratamiento es motivo de otra nota, pero no cabe duda que ganaron una batalla clave en pos de la acción transformadora: la comunicacional.
Julian Maradeo
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