Cientos de peces muertos en el embalse

Fuente: www.nuevodiarioweb.com.ar

"(...)el nivel de la contaminación es grave en el embalse y por eso hacemos monitoreos continuos y si la situación se complica vamos a tener que formalizar la denuncia ante el Comité de Cuenca o por las vías que el tribunal de la provincia lo considere".



En el piletón se divisó la mortandad.
Cientos de pescados muertos y de gran tamaño fueron descubiertos ayer a la mañana en Las Termas de Río Hondo por integrantes del Comité de Cuenca, responsables del realizar el monitoreo semanal, a fin de determinar los niveles de contaminación.
Así lo indicó el secretario del Agua, Abel Tévez, quien en diálogo con LV11 sostuvo que la mortandad fue detectada en el embalse, específicamente “debajo del dique, en la zona conocida como el piletón. Ahí se observó aproximadamente 300 pescados muertos, lo que indica que la situación empieza a complicarse”.
Por otra parte, en el río Salí la situación es igual de complicada, ya que también aparecieron “peces muertos, aunque en menor cantidad. Los olores nauseabundos dan la pauta de que todo tiende a empeorar”.
El ingeniero Tévez comentó que “Aguas Blancas, el troncal y Colorado tienen muy bajo nivel de oxígeno, prácticamente cero. Los otros tributarios como Arroyo del Estero tiene niveles aceptables de oxígeno, alrededor de 6 miligramos por litro, pero a la vez esos ríos tienen mucho sólido en suspensión por el lavado de la caña de los ingenios”. En este contexto, sostuvo que “el nivel de la contaminación es grave en el embalse y por eso hacemos monitoreos continuos y si la situación se complica vamos a tener que formalizar la denuncia ante el Comité de Cuenca o por las vías que el tribunal de la provincia lo considere”.
“Sabíamos que iba a ser grave, pero hoy por hoy, la situación es calificada como preocupante y esperamos que el tipo de afluentes mejore y se pueda mitigar los niveles de contaminación”, indicó.

Barrick un sponsor cuestionado

Fuente: www.noalamina.org

El día de la independencia Argentina el intendente de Rivadavavia, el "giojista" Elías Alvarez, distribuyó cientos de bufandas entre los alumnos que participaban del acto. La prenda fue apreciada por los chicos, y por sus padres y decia: "San Juan minero", y cada abrigo llevaba un logo del gigante canadiense Barrick Gold. El 9 de julio hizo mucho frío en la provincia de San Juan. En el departamento Rivadavia, donde se realizó el desfile cívico militar por el aniversario del Día de la Independencia nacional, el viento soplaba fuerte.


Minutos antes de que comenzara la tradicional ceremonia, la gente del intendente local, el "giojista" Elías Alvarez, distribuyó cientos de bufandas entre los alumnos de los diferentes establecimientos escolares que participaban. La prenda fue apreciada por los chicos, y por sus padres, hasta que varios de ellos advirtieron que además de la leyenda "San Juan minero", cada abrigo llevaba un logo del gigante canadiense Barrick Gold, la poderosa firma que controla la extracción de oro en toda la provincia cuyana, y contra la que los vecinos se han manifestado en reiteradas ocasiones por su nocivo impacto ambiental.

Muchos de los presentes recordaron que no es la primera vez que un hecho patrio despierta este tipo de iniciativas en territorio sanjuanino: el gobernador, José Luis Gioja, encaró hace meses el tradicional Cruce de los Andes que recuerda la epopeya sanmartiniana, portando una impecable bandera de Canadá. Y no por ser fan de Michael Bublé.

El Senado de Santa Fe dejó caer un proyecto sobre agrotóxicos

Pese a los movimientos sociales que actualmente existen en esa provincia contra el uso de los agrotóxicos, los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe no trataron una de Ley de modificación del uso de agrotóxicos y provocaron la pérdida del estado parlamentario del proyecto. Ciudadanos y organizaciones manifestaron su malestar en Ipodagua.com.ar, pero advierten que seguirán luchando.

Fuente: www.ipodagua.com.ar




Con la sanción por parte de la Cámara de Diputados de la provincia, el proyecto de ley que modifica el uso de los agrotóxicos en Santa Fe había llegado a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, para ser tratada en el año 2010. Y luego de un año sin su tratamiento, la semana pasada el proyecto que protege la salud y el medio ambiente de los santafesinos perdió estado Parlamentario. La ley aseguran que hubiera representado un avance importante para la salud de los pobladores de las áreas rurales.

Desde distintas organizaciones ambientales acusan al PJ santafesino, liderado por Ricardo Spinozzi, como uno de los artífices de que el proyecto nunca se trate en el Senado. Los demás integrantes de la comisión y responsables de la caída del proyecto son:

- Sr. Alberto Crossetti, Senador por el Departamento Belgrano. Partido “FRENTE SANTA FE PARA TODOS.

- Sra. Antonia Cristina Berra, FRENTE SANTA FE PARA TODOS. Localidad Carlos Pellegrini

- Sr. Danilo Capitani, Senador por San Jerónimo. ENCUENTRO SANTAFESINO.

- Sr. Dr. Eduardo Galaretto, Senador por Dpto. San Lorenzo. FRENTE PROGRESISTA

- Sr. José Baucero, Dpto San Javier, FRENTE SANTA FE PARA TODOS."

“Frente a las nefastas evidencias científicas mundiales que día a día surgen por el uso de estas sustancias, que destruyen el ambiente, enferman y matan a niños y adultos nos manifestamos haciendo público nuestro repudio a la Comisión de Salud por su ineficiencia y falta absoluta de compromiso con la salud de sus representados”, acusaron desde el Centro de Estudios Alejandro Olmos de esa provincia en un escrito enviado a este diario ambiental.

Patricio Acuña es ciudadano del departamento San Justo, fuertemente afectado por los agroquímicos. Envió una carta a Ipodagua.com.ar donde entre otras cosas expresó:

“Tuvieron en sus manos durante 365 dí¬as un proyecto de modificatoria de la ley 11273 que habían aprobado en diputados” … “Todos conocen de los estudios científicos que demuestran lo que el sentido común verifica todos los días sobre el daño que producen estos venenos, de carácter crónico y también agudos de contaminación.

Todos ustedes saben que las leyes deben cumplirse, y hacerse cumplir. ….y sin embargo por un año NO HICIERON NADA (…) en fin les quiero decir que desde hace mucho más de 365 días venimos insistiendo en este tema. Que seguiremos cuando muchos de ustedes no estén (eso espero), pero los problemas continuarán”.

Acción de Amparo Ambiental Daños por los agroquímicos – Cambio de metodología de Clasificación

Se presentará en los primeros días de agosto, luego de la Feria Judicial. Será patrocinado por Mariano J. Aguilar y M. Lujan Pérez Terrone, de la Asociación Argentina De Abogados Ambientalistas

Informe sobre presentación

Los informes de investigaciones independientes señalan reiterados daños a la salud de las personas y al medio ambiente, provocados por el uso indiscriminado de agroquímicos, confirmando los reclamos de la población afectada, y de las organizaciones de la sociedad civil y los referentes locales;
Dado que:

El origen normativo de la permisividad y falta de control en la utilización de los pesticidas está en la forma en que son categorizados, basándose en la metodología denominada Dosis Letal 50% Aguda, restringiendo la percepción de su toxicidad, haciéndolos parecer menos tóxicos de lo que en realidad son.

Que esa clasificación es competencia nacional, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

Que en la categorización de los agroquímicos por su toxicidad a la salud de las personas afectadas y al ambiente no participa el Ministerio de Salud de la Nación ni la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que sólo son escuchadas y tenidas en cuenta, a través del Consejo Asesor del SENASA, las voces y argumentos del sector productivo que utiliza estos productos, y los que les proveen los servicios, sus ideólogos y referentes intelectuales.

Que, en contraposición, no son escuchadas las voces y los argumentos de la población que padecen las derivas de estas fumigaciones en los lugares donde desarrollan su vida, la de los trabajadores agrarios que aplican estos productos y padecen las consecuencias en su salud y en la de su familia, la del sector productivo que no utiliza estos productos y ve afectados sus cultivos por la deriva de las pulverizaciones, la de quienes buscan impulsar la soberanía alimentaria como uno de los objetivos del sistema agroalimentario, la de los médicos de los pueblos fumigados, la de los investigadores independientes que realizan numerosos y calificados estudios sobre los riesgos y daños que estos productos generan a la salud y al ambiente.

Que esa clasificación indica a los agrónomos responsables de la dirección técnica de los emprendimientos productivos y a los usuarios de estos productos, dosis de producto formulado que a causa de la insuficiencia de la categorización vigente pueden ser empleados sin los recaudos debidos.

Que con la categorización actual, basada solo en la toxicidad letal 50% aguda, puede predisponer a un manejo inadecuado de los plaguicidas desde el momento de la aplicación hasta las dosis utilizadas.

Que la insuficiencia en la clasificación actual puede disminuir la percepción del riesgo por parte de productores y trabajadores agrícolas y con ello el establecimiento de prácticas para disminuir el riesgo

Que tanto la clasificación vigente como la que el SENASA ha puesto en consulta pública hasta el 30 de agosto de 2011 es absolutamente insuficiente para proteger la salud de la población, según surge de la misma clasificación toxicológica de los plaguicidas según sus riesgos desarrollada por la OMS en su versión más reciente, que data del año 2009.

Que los reiterados reclamos y peticiones efectuados ante los organismos competentes, en particular ante el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Ministro Julián Domnguez y Secretario Ing. Lorenzo Basso, no tuvieron respuesta, poniendo en evidencia una vez más la indiferencia ante los daños a la salud que estos productos generan a la población.

Que entre los pedidos de informe efectuados ante el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, figura la modificación de la metodología de clasificación de los agroquímicos, que ya cuenta con la adhesión de más de 10.000 ciudadanas y ciudadanos de todo el país que manifiestan con su firma y su DNI en planillas de papel, el rechazo a los riesgos y daños a la salud que generan los agroquímicos; y peticionan que ese ministerio impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos, de manera tal que:

1.- Abarque al conjunto de todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar (letal y subletal, agudo y crónico).

2.- Hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas, sean clasificados como “I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos” e identificados con banda roja.

3.- Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente.

4.- Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos, deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio.



Que dicho cambio de metodología cuenta con la recomendación a través de la Resolución 147/10 del Defensor del Pueblo de la Nación.

Que entre los considerandos de dicha resolución se señala que las evaluaciones de riesgo, según lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación, son provistas por el productor.

Que los informes de los Encuentros de los Médicos de los Pueblos Fumigados señalan que la población afectada por las pulverizaciones es del orden de las 12 millones de personas.

Que en el informe que el Programa Nacional de prevención y Control de las Intoxicaciones por plaguicidas le enviara a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con fecha 12 de enero de 2011, se señalan las expansiones territoriales de los cultivos que utilizan pesticidas, la necesidad de establecer reglas claras que deben ser fiscalizadas, entre ellas alejar las fumigaciones aéreas en un radio no inferior a 5000 mts de todo lugar habitado sea urbano o rural, en predios con cortinas de árboles para impedir la deriva de los pesticidas afuera del predio blanco de la pulverización. Que la mayoría de las recomendaciones de la Comisión no tuvieron resultado.

Que la Unión Europea prohibió las pulverizaciones aéreas con fines agrícolas, y promueve la gestión integrada de plagas.

Que el Artículo 41 de la Constitución Nacional dice que: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo...”

Que la Ley General del Ambiente define al principio precautorio en su art. 4 en los siguientes términos: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente...”.

Que ese principio precautorio señala que no somos los habitantes de la nación los que debemos demostrar que los agroquímicos y los procesos productivos nos causan daño. Son el Estado y las empresas que los producen, comercializan, utilizan o inducen su utilización las que deben demostrar que no nos causan daño, y el Estado debe asegurarnos que esas demostraciones son válidas.



Por todo lo expuesto, se presentará ante los Tribunales Federales competentes, una acción de Amparo Ambiental con medidas cautelares innovativas, con el objetivo de proteger los derechos afectados y lograr el cambio de metodología en la clasificación de agroquímicos (regulados actualmente por la resolución 350/99 de la Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos de la Nación); la acción estará fundada en los hechos esgrimidos precedentemente, bajo los siguientes lineamientos: SE DECRETE LA EMERGENCIA AMBIENTAL EN AGROQUIMICOS. SE ORDENE EL CAMBIO DE METODOLOGÍA EN CLASIFICACIÒN DE AGROQUÍMICOS. SE TOMEN MEDIDAS URGENTES PARA PREVENIR LA SALUD DE LA POBLACION. SE CUMPLIMENTE EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL.

En particular:

1. Se haga efectiva, hasta que se dicte la ley de presupuestos mínimos ambientales en materia de agroquímicos, la modificación en la metodología utilizada para la clasificación de la toxicidad de los productos agroquímicos, dentro de los siguientes lineamientos: a) Abarque al conjunto de todos los daños a la salud que el producto pudiera ocasionar (letal, subletal, agudo y crónico), b) Sean los formulados de agroquímicos clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder al componente más tóxico o al formulado considerado integralmente, c) Que los estudios sobre los que se base esta clasificación de los agroquímicos, deberán ser efectuados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio.

2. A los efectos de cumplimentar lo solicitado en el punto 1. Se ordene conformar un proyecto de ley, para la creación de un organismo público multidisciplinario, responsable específicamente de la categorización por su toxicidad a la salud y al ambiente, y a la regulación del uso de los agroquímicos, que se sugiere sea integrada por el Ministerio de Salud, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura , Ganadería y Pesca de la Nación; donde sean consultadas de manera prioritaria la población afectada por las pulverizaciones, los médicos que atienden la salud de esa población, y las Organizaciones No gubernamentales vinculadas en la materia

3. Se realicen recomendaciones de uso que consideren la sinergia entre productos empleados en un mismo cultivo.

4. En ordene al libre acceso a la información ambiental en los temas agroquimicos, se informe lo solicitado en referencia al estado de las actuaciones en el expediente sobre la reclasificación de los agroquímicos y los expedientes y notas conexas. Así como también los pedidos de informe referidos al listado de laboratorios registrados y aprobados por el SENASA para realizar los estudios toxicológicos, el listado de agroquímicos y principios activos autorizados y que sobre los asesoramientos a las provincias respecto a las distancias libres de pulverización, ninguno de los cuales fue contestado por ese Ministerio.

5. Como medida cautelar se decrete la emergencia ambiental en agroquimicos: hasta tanto se haga efectiva la modificación en la metodología utilizada para la clasificación de agroquímicos, aquellos aprobados que no tengan evaluado el grado de toxicidad en las dosis subletales y crónicas, serán clasificados como “I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos” e identificados con banda roja.-

Activistas alertan saqueo de semillas nativas

Pamela SepúlvedaFuente: www.rebelion.org

Crece el temor en organizaciones ambientalistas e indígenas de Chile por la posible apropiación de semillas nativas por parte de empresas extranjeras, la apertura a cultivos transgénicos y su impacto en la biodiversidad. El alerta se activó con diversos proyectos de ley impulsados por el gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera y en especial luego de que el Congreso legislativo ratificó el 17 de mayo el Convenio UPOV 91, que concede derechos de patente a obtentores de nuevas variedades de plantas, esto es, a quienes las hayan descubierto, creado o puesto a punto.

El pacto, de la intergubernamental Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, es una actualización de otro de 1978 al que Chile ya adhería. La ratificación del UPOV 91 era un requisito en los tratados de libre comercio que Santiago firmó con Australia, Estados Unidos y Japón.

El UPOV 91 comenzó a ser debatido en el Parlamento en 2009, pero la discusión no prosperó sino hasta la intervención de Piñera, que puso urgencia simple para su trámite en marzo de este año.

Organizaciones sociales y ambientales alertan que esto podría derivar en despojos al sector campesino, pérdida de biodiversidad y la introducción de cultivos transgénicos.

"Nosotros lo que pedíamos era que no se votara, pero el gobierno presionó y la derecha toda desea eso porque los empresarios quieren el Convenio ya, quieren empezar a resguardar sus inversiones", dijo a IPS Lucía Sepúlveda, representante de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile (RAP-AL Chile).

Se amenaza "nuestro patrimonio genético. Nuestras semillas una vez más se ponen en peligro… Sólo quedará una pequeña cantidad que no alcanzará ni siquiera para la multiplicación, quedarán como especies de museo, de lo que fue ayer", dijo a IPS Francisca Rodríguez, dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI).

Desde la otra esquina, para ChileBio, asociación gremial que agrupa a las compañías Monsanto, Bayer, Dow AgroSciencies, Syngenta y Pioneer, que investigan, producen, desarrollan y comercializan cultivos genéticamente modificados, el UPOV 91 sólo trae beneficios.

"Se perfecciona un sistema ya existente. No se va a instalar un nuevo sistema ni una nueva forma de hacer agricultura en el país", dijo a IPS Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio.

Agregó que no se produciría ningún cambio en el "sistema de protección de obtentores, ni en los costos para los productores, ni de que alguien se pueda apropiar de la semilla de uso histórico".

Pero, preocupados por los posibles efectos del UPOV 91 y su falta de consulta a los pueblos indígenas, un grupo de 17 senadores presentó un requerimiento de nulidad ante el Tribunal Constitucional.

Para los parlamentarios, se reducen los privilegios del agricultor, se quebranta el derecho a la propiedad y se ponen en peligro conocimientos tradicionales de las comunidades.

Según el Convenio, una planta que no circule en el comercio general o no aparezca en un registro oficial puede ser considerada nueva o distinta. Esto posibilita que una empresa se apropie del conocimiento y biodiversidad de comunidades campesinas e indígenas, sin ley expropiatoria ni compensación alguna.

Pero el 24 de junio pasado, el Tribunal negó el recurso de nulidad. No obstante, en su fallo indicó que "correspondía al gobierno, al Congreso nacional, a los municipios y demás órganos autónomos del Estado establecer los mecanismos apropiados para realizar las consultas debidas (…) con el propósito de determinar si una medida administrativa o legislativa afecta directamente o no a los pueblos originarios" y proteger a las comunidades indígenas "ante posibles abusos".

Frente a este panorama, preocupa sobre todo que Chile carezca de "un marco regulatorio que impida que estas leyes no se conviertan en un saqueo total, un saqueo de nuestros recursos, porque se protege sólo a las grandes empresas", sostuvo Sepúlveda, autora del libro "La semilla campesina en peligro"

Manuel Torok, ingeniero agrónomo del gubernamental Servicio Agrícola y Ganadero, explicó durante un foro universitario que, "cualquiera que desee producir, ofrecer, importar o exportar material de reproducción, deberá contar con la autorización del titular del derecho". Según Torok, sólo 20 por ciento del volumen de plantas frutales que se vende en Chile está bajo régimen de variedad protegida pero, si se continúa con la tendencia de los países industrializados, en unos 10 años más la relación será inversa: 80 por ciento de las variedades serán protegidas, es decir, con derechos exclusivos de sus obtentores, y sólo 20 por ciento de las semillas serán libres.

Otro de los temores de ambientalistas e indígenas es que el UPOV 91 abra el camino al cultivo de transgénicos. En Chile actualmente se producen semillas genéticamente modificadas para exportación, pero no se permite su uso en suelo nacional. "Chile es el país número uno en producción de semillas transgénicas del hemisferio sur, pero acá no se pueden usar. La paradoja es que después importamos el producto, que se elaboró a partir de esa semilla", y deja a los agricultores chilenos "en una desigualdad de condiciones con los extranjeros", según ChileBio, que integra la red internacional CropLife.

Pero la inserción en la producción global de transgénicos, y especializar determinadas áreas en Chile es "un riesgo de contaminación enorme e irreversible", alertó Sepúlveda.

Glifosato: científicos comprobaron sus efectos nocivos en arroyos y lagunas

Fuente: Tiempo Argentino (12/7/11)
Por Susana Gallardo (Área Medios de Comunicación - Ciencias Exactas - UBA)

Un equipo de investigadoras demostraron que el herbicida inhibe el crecimiento y la producción de clorofila en las algas que habitan cursos de agua y que son la base de la cadena alimentaria de los peces y otros animales.

Los herbicidas y pesticidas que se aplican en el campo suelen ser arrastrados por el viento hacia arroyos y lagunas, poniendo en riesgo la vida que allí se desarrolla, como el conjunto de algas (fitoplancton) que viven dispersas en el agua y efectúan fotosíntesis. Esas algas forman la base de la cadena alimentaria, y son el alimento de los peces y otros habitantes de esos cursos de agua.
Un equipo de investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA probó en un alga cuál es el efecto de una de las formulaciones más usadas de glifosato, que se aplica en la Pampa húmeda para el control de las malezas. La acción de este herbicida, que se emplea especialmente en los cultivos de soja resistente al compuesto, consiste en inhibir la producción de una enzima que participa en la fabricación de proteínas fundamentales para la vida de la planta.
Se creía que los organismos que no poseen esa enzima, como por ejemplo los animales, no se verían afectados por la toxicidad del compuesto. Sin embargo, los investigadores demostraron que el compuesto produce efectos que también alcanzan a los organismos que no son el blanco del herbicida.
“Expusimos una cepa del alga unicelular Chlorella kessleri a una dosis de glifosato, y tras 96 horas observamos que se inhibía el crecimiento celular”, explica la doctora María del Carmen Ríos de Molina, investigadora del CONICET y directora del Laboratorio de Enzimología, Estrés y Metabolismo (LEEM) de la FCEyN.
La cepa del alga fue aislada de una laguna de aguas muy ácidas, y mostró alta tolerancia a ciertos pesticidas y metales como el cromo y el cobre. Sin embargo, no pudo hacer frente al glifosato.
“Lo primero que vimos fue una caída en la producción de clorofila”, relata Ríos de Molina, y agrega: “Creemos que, en general, el efecto en los organismos que no son el blanco del herbicida se debe a mecanismos diferentes a lo que sucede en las malezas”. Por ello, las investigadoras postularon que la causa podría residir en la generación de sustancias muy reactivas que atacan a las proteínas celulares y al ADN. Es lo que se denomina estrés oxidativo.
Para confirmar si fue eso lo que inhibió el crecimiento del alga, se midió el contenido de clorofila y de proteínas, así como los niveles de las enzimas antioxidantes. “Todos los parámetros de estrés oxidativo estaban alterados”, confirma Delfina Romero, primera autora del trabajo publicado en Ecotoxicology and Environmental Safety, realizado bajo la dirección conjunta de las doctoras Ríos de Molina y Ángela Juárez, docente del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la FCEyN y miembro del LEEM.
Las investigadoras confirmaron el efecto tóxico del herbicida, porque midieron una mayor producción de enzimas antioxidantes y una disminución de la clorofila.
Luego de haber demostrado las consecuencias letales del glifosato en un alga, los investigadores actualmente analizan bivalvos, para determinar qué les pasa cuando se alimentan de fitoplancton que ha sufrido la acción del herbicida. Las etiquetas de los envases del glifosato suelen afirmar que el producto es inocuo para los animales. Sin embargo, muchos organismos se alimentan de plantas y algas que pueden estar afectadas.
Por ello, Ríos de Molina advierte: “La legislación no contempla los fenómenos a largo plazo de los herbicidas y pesticidas, ni la acumulación y magnificación de efectos, y tampoco las consecuencias de la acción conjunta de diferentes contaminantes”.

MOCASE COMUNICA URGENTE, SOLICITA SOLIDARIDAD Y APOYO

En "La Overa”, Departamento Alberdi a 250 Km. de la ciudad capital de la Provincia de Santiago del Estero, en viernes 8 de julio los vecinos de la comunidad fueron atacados a tiros por una banda reconocida armada liderada por “Líto Padilla” que intenta instalarse en la zona para realizar trabajos de desmonte y alambrado. Esto ocurrió en hora del mediodía cuando los niños de la escuela de Overa salían de clases. La misma banda ataco violentamente a la Comunidad del Simbolar- Alberdi a fin del año 2010.
Son aproximadamente 10 (diez) personas armadas que se trasladan en un camión.
Estos responden al empresario SUAREZ, conocido abogado Santiagueño, hermano de un alto funcionario del INTA local, Ing. Agr. Adrián Suárez;
Son 20 familias afectadas directamente por la usurpación de estos territorios.
Seguiremos DEFENDIENDO NUESTRAS TIERRAS QUE POR DERECHO ANCESTRAL NOS CORRESPONDEN y exigimos que las AUTORIDADES Provinciales y Nacionales asuman la responsabilidad de resolver los Problemas del Campesinado Santiagueño.

Guido Corvalan
Presidente del MOCASE
0385-154891250

Minera Alumbrera impulsa como diputados a 2 funcionarios de YMAD

Fuente: Boletín de Noticias Movida Ambiental

Los ambientalistas de Tucumán necesitamos de su colaboración, Minera Alumbrera no puede llegar al Congreso Nacional.
Ayúdennos a difundir este mensaje.
Eduardo Quispe
Asociación Ambientalista Basta Minería

Minera Alumbrera impulsa la candidatura a diputado nacional de dos funcionarios de la Universidad de Tucumán seriamente implicados en las causas penales contra YMAD

Ellos son:

1) CPN Luis Sacca – secretario administrativo – Universidad Nacional de Tucumán
2) Dr. Rodolfo Campero – representante universitario en YMAD
Minera Alumbrera acumula mas de 50 causas penales en su contra por contaminación y evasión, entre otras.

No nos dejemos engañar
Minera Alumbrera busca sus propios diputados nacionales y
Los funcionarios citados necesitan fueros

ESPAÑA: PROHIBEN EL GLIFOSATO

En dos municipios de Tenerife, ciudadanos y ciudadanas han conseguido que se prohíba el uso del glifosato, pero la lucha contra este peligroso herbicida sigue en Argentina y en muchos otros sitios.
Fuente: www.kaosenlared.net
De Clara Valverde Gefaell

En los municipios de Tenerife, El Tanque y Santiago del Teide los ciudadanos han conseguido que se prohíba el uso del glifosato, el peligroso herbicida comercializado por la compañía Monsanto como Roundup.
La lucha contra el glifosato en numerosos municipios en Canadá también ha dado resultados positivos. Pero en la ciudad de Barcelona se sigue utilizando en los parques de la ciudad, práctica que hace que los parques de Barcelona sean espacios prohibidos para bebés, niños, ancianos y cualquier persona enferma o persona que no quiera poner a riesgo su salud.

En Argentina, la lucha contra los glifisatos de Monsanto, Roundup, se está endureciendo ya que los lobbies de los EEUU están invertiendo todos sus recursos para asegurarse de que se sigan utilizando en la agricultura argentina, como ha denunciado Wikileaks. La embajada de los Estados Unidos en Argentina defendió el uso del cuestionado pesticida glifosato ante autoridades del Senasa, el organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria.
Según un cable diplomático de julio del 2009 filtrado por Wikileaks, la embajada tomó la decisión de presentar estudios propios ante el ente regulador que había autorizado el uso del pesticida después de que este diario revelara un estudio científico alertando sobre la posible toxicidad del producto.
El lobbying estadounidense en favor del fabricante del pesticida, la multinacional Monsanto, tuvo lugar seis meses después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenara al Ministerio de Salud iniciar una investigación oficial sobre los posibles efectos nocivos del pesticida.
“En respuesta a la controversia, la Secretaría de Agricultura de Argentina (a través del Senasa) estuvo reuniendo información para apoyar su aprobación del uso de glifosato en la Argentina. La sección de Agricultura de la embajada le brindó al Senasa información sobre estudios de glifosato, que es de uso común en Estados Unidos y también es usado en el programa de erradicación de coca del Plan Colombia.” El cable también explica el interés de la embajada en defender el uso del pesticida: “Glifosato es el ingrediente activo del popular pesticida Roundup. Monsanto tiene la tajada principal del mercado de glifosato en la Argentina, con el cuarenta por ciento, y por lo tanto es la víctima circunstancial más prominente y más vulnerable a los ataques”.

Sin embargo, el cable no hace referencia a estudios científicos previamente realizados sobre la toxicidad del glifosato de la Universidad de Caen y el Centro Nacional de Investigación de Roscoff, ambos de Francia, de la Universidad de Pittsburg (Estados Unidos), de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional del Litoral, aunque esos estudios habían sido citados en el artículo de Página/12 del periodista Darío Aranda sobre el trabajo de Carrasco.

El cable tampoco dice nada sobre los distintos estudios de autoridades sanitarias en el interior del país alertando sobre altas tasas de cáncer y malformaciones en zonas fumigadas.
En cuanto a la validación del estudio de Carrasco, fue publicado en agosto del año pasado por la revista científica Chemical Research in Toxicology en un despliegue de diez páginas, que incluye todos los datos necesarios para ser revisados por la comunidad científica.
En ese ambiente, la publicación de un estudio en una reconocida revista científica es considerada como una aceptación de su seriedad.
Los cables de Wikileaks solo cubren despachos escritos hasta principios del año pasado, por lo que no indican si la embajada dio cuenta de la publicación y corrigió su percepción inicial sobre el trabajo del investigador argentino.

Fumigaciones

Con respecto al uso del glifosato que hace Estados Unidos, no se trata de una situación análoga a la de otros países porque la concentración del pesticida, las otras sustancias tóxicas con las que se mezcla y la forma de aplicación no son las mismas, alertan los científicos. “Así, los conceptos sobre seguridad para el ambiente y la salud, emitidos a partir de la caracterización y evaluación de riesgos calculados para las ‘condiciones normales recomendadas de uso’ en Estados Unidos, no tienen base científica en nuestro medio”, explica la ingeniera agrónoma, bióloga y química colombiana Elsa Nivia en el sitiobiodiversidadla.org.
“En Colombia se está aplicando el glifosato sobre los cultivos ilícitos y todo lo que lo circunde, y en una concentración hasta 26 veces mayor, con el agravante de que se está adicionando el surfactante Cosmo-Flux 411F, el cual puede hasta cuadruplicar la acción biológica del Roundup.

A esta lamentable situación se añade algo más perverso: hay denuncias de varias pasadas de las avionetas cuando fumigan sobre zonas campesinas; cuatro, seis y hasta doce veces fumigan el mismo campo”, señala la investigadora.
Las protestas del gobierno ecuatoriano llevaron a Colombia a suspender las fumigaciones con glifosato en la frontera con ese país.

“Denuncias graves”

En enero de 2009, en un discurso donde anunció nuevas medidas para el campo, la presidenta argentina informó sobre la apertura de la investigación oficial acerca de toxicidad del glifosato.

“También hemos tomado conocimiento en estos días, porque ha sido profusamente publicado por muchos medios, e inclusive hay una medida de la Justicia de Córdoba, respecto de la fumigación en la que utilizan determinados agroquímicos en cuanto a las prohibiciones de no hacerlo cerca de poblados por lo que esto significa en impacto a la salud de la población”, dijo Cristina Kirchner.
“Si bien esto es competencia exclusiva de municipios y provincias, le he pedido a la señora ministra de Salud de la Nación que realice una investigación porque me parece que son hechos muy importantes, hacen a la salud de todos los argentinos y ahí uno no puede entrar en cuestión de competencias y jurisdicciones: tiene que poner a disposición todos los elementos porque son denuncias muy graves y además porque han tomado intervención hasta las propias justicias provinciales por casos de contaminación, de agentes cancerígenos, etcétera”, explicó, y prometió seguir el tema “de cerca”.
La Leonesa
De las distintas denuncias a las que hizo referencia la Presidenta, quizá la más grave proviene de la provincia del Chaco. El año pasado un juez provincial suspendió las fumigaciones de arroceras por noventa días en la localidad de La Leonesa y ordenó a la provincia un estudio sobre los efectos del glifosato en esa población.

La Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua publicó el informe en agosto del 2010. Advierte que en los últimos diez años en La Leonesa se triplicaron los casos de cáncer en niños menores de 15 años en la localidad y que se cuadruplicaron los casos de malformaciones en recién nacidos y que esto coincidió con el auge de la explotación arrocera en la zona del departamento Bermejo.
Científicos y ambientalistas denunciaron repetidamente la falta de respuestas del gobierno provincial ante la amenaza sanitaria. El propio Carrasco fue agredido por funcionarios locales cuando visitó La Leonesa en el 2009 para dar una charla sobre los peligros del glifosato, según denunció Amnesty Internacional.

Una explicación posible para la denunciada pasividad del gobierno chaqueño ante estos hechos aparece en otro cable de Wikileaks publicado por este diario la semana pasada, que da cuenta de la visita del entonces presidente de Monsanto Argentina, Juan Ferreyra, a la embajada estadounidense en agosto de 2008.
“Ferreyra dijo que Monsanto estaba teniendo buenas conversaciones con productores de algodón para expandir el uso de bt cotton (algodón transgénico) en la provincia del Chaco, en el norte argentino, y cooperar allí”, dice el cable. “El 12 de agosto Monsanto firmó un acuerdo de cooperación con el gobernador del Chaco.

El embajador pudo apoyar esta iniciativa con una nota en la página editorial del principal diario del Chaco y conversaciones con el gobernador ese mismo día. El gobernador Capitanich se mostró muy entusiasmado en trabajar con Monsanto para mejorar y expandir la producción local de algodón.”

Táctica de la empresa 3- Confeccionar la licencia social

Fuente: “Protegiendo a su Comunidad Contra las Empresas Mineras y Otras Industrias Extractivas. Una Guía para Promotores/Activistas Comunitarios"

Mientras negocia con una comunidad, la empresa podría decidir negociar con (y por lo tanto fortalecer) un grupo que no representa los intereses de la comunidad, si considera que el grupo resulte más fácil de manipular. Esto en sí crea divisiones, y es una medida utilizada para desestabilizar el mecanismo de defensa de una comunidad. También puede alterar drásticamente el equilibrio de poder de una comunidad. Si no existen grupos manipulables, la empresa podría simplemente crear un grupo nuevo con gente con la que puedan contar para apoyar su proyecto extractivo.
Este grupo será el defensor de la empresa en el ámbito público, no sólo defendiendo y apoyando activamente al proyecto (beneficiándose financieramente de la presencia de la empresa todo este tiempo), sino también implementando algunos de los programas sociales de la compañía. Sin embargo, el objetivo más importante es que el falso grupo comunitario dé a la empresa la legitimidad que necesita para convencer al público, a sus inversionistas y a funcionarios gubernamentales que su proyecto ha obtenido la licencia social necesaria.
Si su comunidad logra neutralizar esta táctica la empresa, junto a su ‘organización de desarrollo’, la empresa podría trabajar con comunidades cercanas para ponerlas en contra de la comunidad que se está resistiendo a su proyecto. El resultado final es un
aumento en la animosidad entre comunidades y un gran incremento en la presión sobre aquéllos que se resisten al proyecto

La década infame de la soja

Fuente: Asociación Argentina de Periodistas Ambientales (AAPA)-Medio&medio

Para el Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, unos metros pueden ser la diferencia entre tomar un café, sentirse en un escenario a su medida y ser repudiado casi al mismo tiempo. Tamaña condición sucedió con el candidato Agustín Rossi en un bar, luego en la Bolsa de Comercio de Rosario, capital del agronegocios donde dio un discurso mientras afuera un escrache de afectados por los agroquímicos, organizaciones y empleados del Conicet-CTA , lo declaraban “persona no grata”.


Rosario es desde hace tiempo la ciudad de la oligarquía sojera y la Bolsa de Comercio el templo del poroto. La peculiar visión del gobierno va de la crítica al amor sin escalas. De su discurso se desprende que a Barañao le interesa mejorar los canales de comercialización de los desarrollos en biotecnología, ajustar la legislación, extender la frontera agropecuaria, seguir fumigando a la gente y esperar buenas rentas, en el escenario del Biotech Forum. Otro encuentro que recuerda al pacto Roca-Runciman, con la incorporación de que los apellidos son reemplazados por sociedades anónimas como Nidera, ASA, Basso, Carrillo y Trucco. Una mesa donde unos pocos deciden el futuro del país, donde el asesinado en el senado es en la representación moderna el pueblo. Para los medios presentes la escena era única y estaba dentro del recinto que además controla la publicidad a la que hay que rendir cuentas. Barañao no representa a lo mejor de la ciencia por las estupideces en las que suele caer al mejor estilo del “Hombre araña fumigado” de la Feria del Libro.

El diario La Capital de Rosario usó sus palabras “En biotecnología precisamos un Invap”, pero ningún medio publicó la muerte del niño de 8 años que padecía leucemia por causas ambientales, muy cerca de allí en la localidad de Villada.

El Ministro Barañao instó al sector privado a "exportar conocimientos y no sólo granos" y agregó que desde el Estado existen proyectos muy adelantados en materia de transgénicos: "Queremos instalar la idea de responsabilidad social del científico, para lo cuál nos preguntamos cuál debe ser el perfil del investigador", agregó.

Justamente sus antecedentes en la Conabia, reactualizando su cartera a consultora de las multinacionales, amerita la respuesta a su pregunta. La responsabilidad social del científico está al servicio del mercadeo. Prueba de ello es el asesoramiento de gente del Conicet de Santa Fe a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en la instalación de una fábrica de agroquímicos en Casilda. El rechazo de los vecinos hizo declinar el proyecto que debía definirse por un referéndum en julio de 2010 que no se realizó por el desestimiento de la empresa.

La ética científica de los firmantes del informe sobre glifosato del Conicet y de la UNL, los científicos ex empleados de Basf que hoy integran sin ninguna vergüenza organizaciones de lucro productivo y seguridad alimentaria. Los científicos que saben las consecuencias de los agroquímicos pero publican en inglés para no dar a conocer sus informes, todo un grupo de pseudociencia a los cuales lo único que les interesa es la beca del Conicet que pagamos todos para que investiguen cómo matarnos más rápido.

Se dio un minuto para recordar la Ley de Semillas, de la cuál no tiene la más pálida idea y considera que "el debate es muy complicado". Será por eso que había dos estudios jurídicos al servicio del Forum asesorando sobre las debilidades de la ley patentes. Consultado por los desastres de los agrotóxicos, Barañao aseguró con total cinismo que hay que "abandonar los discursos apocalípticos". Ante semejante respuesta la construcción del país que pregonan ¿será a costas de la sangre de miles de niños en pos de la renta? La provincia sojera además rindió homenaje a un científico local por idea del senador reutemannista Spinozzi, cuyo árbol genealógico no se publicó, porque era embarazoso el parentesco con un funesto intendente del FPCS de Teodolina que despidió a 40 trabajadores de barrido y limpieza denunciado por ATE-CTA Rosario, y que además es dueño de una cerealera de la zona.

Al igual que el Pentágono que reconoce las muertes del Plan Colombia, el Ministro Barañao dijo que desde el gobierno "son conscientes de los efectos colaterales". Por lo tanto pueden morir miles de niños con malformaciones, cáncer o leucemia a causa de ser fumigados, pero para el Estado y el Ministro “ son riesgos que hay que asumir”. Su deseo de un Invap tecnológico seguramente es para liofilizar los granos de soja para mantener el volumen y la forma original, glifosato incluído, hasta que suban los comodities como una “llave en mano” imitando al Invap.

El Ing. Agr. José Luis Albero, gerente de Marketing en el Departamento de Soja de Monsanto Argentina aseguró con total descaro que la empresa no ha recuperado las inversiones realizadas tanto en la soja RR como en el glifosato y que por ese motivo la empresa canceló en la Argentina el programa soja que tiene a nivel mundial. “Creo que tanto el productor como el país van a estar en serios problemas, porque la transferencia de tecnología se ha cortado”, dijo. Al igual que Barañao los apocalípticos son ambos, haciendo creer al lector y al productor distraído que sin glifosato el país no tiene futuro.

Grave error que el gobierno va a pagar con creses, suicidándose con un modelo tóxico de muerte , apostando al yuyo pero no a los alimentos, beneficiando a terratenientes y a estos personajes que con su doble juego solo fomentan la corrupción y los negociados, grandes protagonistas de la “década infame” que distan mucho del Invap tecnológico, pero la sumisión sigue siendo la misma.-

Glaciares catamarqueños impactados por minería

Filo Colorado de Xstrata y Agua Rica de Yamana Gold impactan pero omiten en sus EIAs la existencia de glaciares de roca y ambiente periglaciar en Catamarca.
Fuente: www.cedha.org.ar/

El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), organización sin fines de lucro, radicada en Córdoba Argentina publica hoy un informe con pruebas contundentes que las empresas Xstrata (dueña del proyecto minero Filo Colorado) y Yamana Gold (dueña de Agua Rica) en las cercanías de Andalgalá Catamarca, obviaron en sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) la existencia de un importante número glaciares de roca y ambientes periglacial en la zona de impacto de sus proyectos.
Las empresas sostienen que no hay glaciares en Catamarca. Pero hay un número importantísimo de glaciares de roca, que generalmente pasan desapercibido por su cobertura de piedras. El hielo puede estar muchos metros por debajo de ellas. Los glaciares de roca son críticos en el balance hídrico de las cuencas que nutren. Su destrucción puede significar la seca absoluta de los ríos de la zona.
Las pruebas recolectadas por CEDHA mediante el análisis de imágenes satelitales de alta resolución, no dejan lugar a dudas que ambas empresas están operando en zona de glaciares. En el caso de Filo Colorado la situación es alarmante. Xstrata, la empresa Suiza dueña del emprendimiento, construyó un camino en las altas sierras a más de 4000 metros de altura, que impacta numerosas veces a glaciares de roca y ambientes periglacial, incluso, este camino atraviesa múltiples masas de hielo y piedra pertenecientes a glaciares de roca, lo que eventualmente destruiría el recurso glaciológico.
Glaciar de Roca Próximo al Proyecto Filo Colorado. Fuente: EIA: Filo Colorado
Ni el estado catamarqueño, ni las empresas han generado información alguna sobre el impacto de estas actividades sobre un importante número de los más de 100 glaciares de roca y ambientes periglacial en las Sierras del Aconquija. Irónicamente, en la foto que reproducimos (Foto 1), que es la misma que adorna la tapa del EIA de Filo Colorado, se percibe un glaciar de roca por la margen izquierda de la misma. Xstrata niega su existencia. La foto (ofrecida por la misma empresa) es sin embargo, una prueba irrefutable.
Varias comunidades de la provincia de Catamarca y de Tucumán dependen de los recursos glaciológicos para abastecer sus cuencas hídricas, tanto para consumo humano como para riego agrícola. El proyecto Minera Bajo la Alumbrera, cuyo dueño (Xstrata) es también dueño de Filo Colorado, comandó estudios de los glaciares de roca en la zona hace décadas, para determinar cuanta agua podrían proveer estas masas de hielo al emprendimiento minero.
En la siguiente imagen (Foto 2), vemos uno de los glaciares inventariados por CEDHA, que está a tan solo 2,5 km del emprendimiento de Filo Colorado. Cualquiera podrá visualizarlo por Google Earth insertando las siguientes coordenadas en el box de búsqueda: 27 20 45.96 S, 66 11 53.56 W (respetando puntos y espacios!) Se ve claramente el glaciar de roca bajando por la ladera de la montaña (el glaciar está delineado en amarillo), como el camino construido de Xstrata, que pasa peligrosamente por su base. El contorno celeste puede ser otro glaciar de roca que por imagen satelital es imposible verificar. De confirmarse (solamente por medio de una visita in situ), el camino introducido por Xstrata lo estaría estrangulando.
Glaciar de Roca a 2,5 km de Filo Colorado con Camino de Xstrata Pasando por su Base
La flamante ley nacional de protección de los glaciares, hoy atacada por varias provincias como San Juan, que en el fondo buscan liberar sus zonas de glaciares a la minería inescrupulosa como esta, establece que la minería no puede realizarse en zona de glaciares. Barrick Gold, quien ya destruyó o impactó irremediablemente a numerosos glaciares en la Provincia de San Juan y en Chile, en la construcción de su proyecto Veladero y en las preparativas de su emprendimiento binacional Pascua Lama, presentó un recurso de amparo intentando nulificar la ley nacional. Debemos recordar que Barrick, en una etapa preparativa del proyecto Pascua Lama, negaba de manera contundente la presencia de glaciares. Finalmente, por presión del pueblo, admitió la existencia de los mismos y ofreció dinamitarlos y trasladarlos para poder explotar Pascua Lama.
El juez federal en San Juan, Miguel Angel Galvez, inusualmente para un amparo presentado en la justicia argentina, en pocas horas y a las apuradas, dio lugar al amparo presentado por Barrick y suspendió varios artículos de la ley nacional de glaciares, y así le dio lugar a Barrick para que pueda seguir interviniendo la zona glaciológica sin barreras. Ahora el gobierno San Juanino hace fuerza junto a Barrick para derivar la ley nacional de glaciares.
El ataque a la ley de glaciares cobra fuerza por el miedo que tienen las multinacionales que hoy operan sin controles del estado en zona de glaciares, ya que la ley nacional establece que los emprendimientos que hubieran estado en marcha en el momento de la promulgación de la ley de glaciares (fines de Octubre del 2010), deberían hacer un estudio de impacto dentro de los 180 días para determinar si pueden continuar actividades o si se les debe dar un cierre definitivo y absoluto. Barrick Gold y otras empresas multinacionales, como Suramina, Northern Properties, TNR, IMA Resources, Anglo, Neilsen Expedition, y Troy Resources, entre otras, están realizando exploraciones rodeadas de glaciares, impactando en ellos. Estos emprendimientos podrían ser anulados si se implementa debidamente la ley de protección de glaciares.
En el caso de Filo Colorado, de la Suiza Xstrata , está más que claro que las obras de la minera Xstrata son incompatibles con los glaciares de Catamarca, lo que probablemente daría un fin abrupto a las esperanzas de explotar Filo Colorado. Agua Rica de Yamana Gold, tiene su emprendimiento en la base de un valle con presencia de glaciares de roca, y deberá también rendir cuentas sobre el impacto que pudo haber generado en sus fases de exploración y preparación, o que podrá generar en el caso que se inicie la explotación.
Impresionante Glaciar en Zona de Proyectos Agua Rica y Filo Colorado
CEDHA también lanza hoy una parte de un inventario de glaciares que está realizando en acompañamiento a la implementación de la ley de glaciares nacional, con el fin de democratizar la problemática de los glaciares, y hacer conocer a los pueblos que dependen de glaciares para consumo de agua y riego, donde están y cuales son los principales riesgos que tienen por actividades humanas como la minería.
El IANIGLA, organismo nacional ubicado en Mendoza y especialista en glaciares, debe realizar un inventario oficial de todos los glaciares del país. CEDHA publica hoy su inventario de más de 100 glaciares de roca de Catamarca y de Tucumán, presentes en la Sierra del Aconquija.
Links:
• Informe: Impacto en Glaciares de Roca y Ambientes Periglacial de los Proyectos Mineros Filo Colorado (Xstrata) y Agua Rica (Yamana Gold) (5.6mg)
• Anexo I: Descripción Comentada sobre Glaciares de Roca y Ambiente Periglacial Cercanos a los Emprendimientos Mineros Agua Rica y Filo Colorado (3.5mg)
• Anexo II: Inventario de Glaciares de Roca de Catamarca y Tucumán
• Anexo III: Bibliografía
• Anexo IV: Definición de Glaciosistema
• Anexo V: Ley de Protección de Glaciares
Para más información:
Jorge Daniel Taillant jdtaillant@gmail.com cel: +54 9 351 507 8376 Jorge Daniel Taillant Coordinador Programa Glaciares y Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)General Paz 186 - 7A
Córdoba 5000 – Argentina

Tácticas de las empresas mineras para construir su licencia social

Aquí se describen unas cuantas tácticas utilizadas por algunas empresas en ciertos momentos del proceso por convencer a la población de los supuestos beneficios de la megaminería. Seguramente en las localidades en donde pretenden ingresar han puesto en práctica algunas de estas tácticas y les resultarán familiares a sus ciudadanos.
Fuente: Tinogastacatamarca.blogspot

Táctica de la empresa 1 — Visita con identidad falsa
La empresa minera está solicitando concesiones o ya tiene concesiones, y envía un equipo para evaluar la situación local. Quieren averiguar el nivel de conocimiento del pueblo sobre el tema minero y el grado de oposición. En esta etapa, pueden empezar a identificar personas locales claves de la comunidad o del gobierno local para tenerlos de su lado. Pueden llegar con identidad falsa (por ejemplo, haciéndose pasar por un representante de una ONG) para obtener información.

Táctica de la empresa 2 — Reunión pública
Cuando ha encontrado un aliado local, la empresa puede llegar y reunirse abiertamente con el gobierno local o la comunidad para hablar sobre el proyecto. Es muy probable que organicen reuniones por medio de funcionarios "amistosos" del gobierno local o de la comunidad. A estas alturas, puede ya haber ofrecido algunos beneficios a los funcionarios (no sólo monetarios).

Táctica de la empresa 3 — Confeccionar la licencia social
Brizuela del Moral Gob. prominero de Catamarca
Mientras negocia con una comunidad, la empresa podría decidir negociar con (y por lo tanto fortalecer) un grupo que no representa los intereses de la comunidad, si considera que el grupo resulte más fácil de manipular. Esto en sí crea divisiones, y es una medida utilizada para desestabilizar el mecanismo de defensa de una comunidad. También puede alterar drásticamente el equilibrio de poder de una comunidad. Si no existen grupos manipulables, la empresa podría simplemente crear un grupo nuevo con gente con la que puedan contar para apoyar su proyecto extractivo. Este grupo será el defensor de la empresa en el ámbito público, no sólo defendiendo y apoyando activamente al proyecto (beneficiándose financieramente de la presencia de la empresa todo este tiempo), sino también implementando algunos de los programas sociales de la compañía. Sin embargo, el objetivo más importante es que el falso grupo comunitario dé a la empresa la legitimidad que necesita para convencer al público, a sus inversionistas y a funcionarios gubernamentales que su proyecto ha obtenido la licencia social necesaria. Si su comunidad logra neutralizar esta táctica la empresa, junto a su 'organización de desarrollo', la empresa podría trabajar con Cat_Andal_gpo_de_choque_A_Ricacomunidades cercanas para ponerlas en contra de la comunidad que se está resistiendo a su proyecto. El resultado final es un aumento en la animosidad entre comunidades y un gran incremento en la presión sobre aquéllos que se resisten al proyecto.
Yamana Gold (Agua Rica) conformó su grupo de choque


Táctica de la empresa 4 — Falsas organizaciones
Si la empresa no puede encontrar un aliado sumiso entre las organizaciones comunitarias existentes, podría crear una nueva "organización local de desarrollo" para allanar su camino. O podría crear una estructura de gobierno paralela, o dar poder a un dirigente pro-empresa. Puede haber mucho dinero disponible de inmediato para este nuevo grupo. En Ghana, las corporaciones mineras auríferas hicieron esto con grupos juveniles, grupos de agricultores, grupos religiosos y grupos de mujeres. En algunos casos, ayudaron a crear estos grupos, mientras que en otros casos simplemente corrompieron a sus dirigentes. Sus objetivos son (a) crear desconfianza dentro de la comunidad y (b) no ser vistos como una
Transnacional Minera o como una Mega Empresa, sino como que está trabajando a través de una organización local de confianza o una persona de la comunidad, e idealmente, alguien con una buena reputación.
Urbanc, Obispo prominero de Catamarca
Táctica de la empresa 5 — Truco de firmas
La empresa puede enviar a representantes a los hogares de personas desempleadas a prometerles empleos con buenos sueldos si firman una "solicitud de trabajo" que es realmente una petición que muestra apoyo por el proyecto extractivo propuesto. La corporación cuprífera Rosemont Copper Corporation hizo esto en un intento de garantizarse una concesión en Santa Rita, Arizona. En la Península Zamboanga de las Filipinas, Toronto Ventures, Inc. (TVI) engañó a la población indígena Subanen al hacerla firmar una hoja de papel en blanco y luego la utilizó como "evidencia" de su consentimiento al proyecto minero de TVI. Este "truco de firmas" también es una forma de lo que los activistas denominan una "consulta engañosa."
Táctica de la empresa 6 — Compra de terrenos claves
Usualmente, la empresa intentará comprar tierras con vías de acceso a sus concesiones, y otras propiedades claves de la gente local. A veces esto se hace obligando a los agricultores a vender su tierra a precios determinados por la empresa. Y a veces ellos utilizan la compra de terrenos para debilitar a las comunidades.
Táctica de la empresa 7 — Ofertas de servicios, proyectos y empleos
El gob. de Tucumán Alperovich satisfecho por la donación de la Alumbrera (La Gaceta)
Aquí, el objetivo de la compañía es seducir a algunos de los residentes locales y dividir así a la comunidad, para obtener la licencia social necesaria. La empresa puede prometer servicios y proyectos de infraestructura a las comunidades locales y al gobierno: caminos, puentes, clínicas, escuelas, un médico a tiempo completo y atención médico/dental y becas. Pueden también ofrecer empleos con buenos sueldos (por un tiempo), identificando a ciertas personas para sembrar resentimiento y desconfianza. Pueden hacer esto directamente, o a través de una falsa organización, pero todos sabrán que el dinero de la empresa está detrás de esto. Mientras que se cumplen algunas promesas (por lo menos al principio), muchas no se cumplen. El objetivo es sembrar la nueva idea de que la comunidad es "pobre" y hacer que la riqueza material se convierta en más importante que la riqueza cultural y social. Esta estratégica de las empresas extractivas crea dependencia a los bienes y servicios que prestan. Es importante concienciar a la gente de los peligros de esta estrategia y sus consecuencias. La dependencia de los servicios de la compañía pone a la sociedad en riesgo de un colapso eventual cuando la empresa se vaya.

Táctica de la empresa 8 — Infiltración y espionaje
Si está en juego suficiente dinero, la empresa puede recurrir a espiar a la oposición para averiguar los planes y acciones de la comunidad. Pueda que instalen cámaras de video digital y equipo de grabación electrónica para monitorear puntos clave. Ocasionalmente, las compañías han grabado conversaciones telefónicas y reuniones, e interceptado el correo electrónico de activistas comunitarios. Ellos pueden reclutar o introducir espías en su comunidad u organización para recolectar información para utilizar en su contra. El espía puede convertirse en un miembro central de su grupo, uniéndose a acciones de protesta y auspiciando reuniones de acción. Usualmente, el espía está ahí para recolectar información, pero a veces puede impulsar al grupo a cometer acciones (usualmente ilegales) que dañan a su lucha.

Táctica de la empresa 9 — Juicios SLAPP
Los juicios SLAPP (la sigla en inglés de Strategic Litigation Against Public Participation, o Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública) típicamente son juicios civiles o penales entablados por las compañías o sus aliados. Su propósito es intimidar a los oponentes locales y hacerles gastar tiempo y dinero defendiéndose.

Táctica de la empresa 10 — La empresa sostiene que no tiene sentido pelear
La empresa minera puede sostener que si usted lucha contra ellos, otra empresa minera vendrá más adelante con una propuesta menos sensible para la comunidad, y menos amistosa con el medio ambiente. 'Ustedes están mejor con nosotros,' pueden sostener ellos. Estas aseveraciones son tonterías.

Táctica de la empresa 11— Juicios, cargos inventados y amenazas de muerte
Juez Cecenarro (Andalgalá) denunció penalmente a activistas antimineros por amenaza de muerte. (El Ancasti)
Si la empresa se siente amenazada por la oposición, puede empezar a utilizar tácticas agresivas, como juicios, cargos inventados para encarcelar a los líderes de la oposición o incluso amenazas de muerte. Para desprestigiar públicamente a los principales líderes de la oposición, una empresa puede diseminar rumores falsos, o incluso fabricar falsos delitos. En algunos casos, se ha sospechado que las compañías pagaron a menores de edad para decir que habían sido violados, provocando así juicios penales. De manera similar, puede pagar a personas para que digan que han sido víctimas de robo o asalto por parte de líderes claves. Por ello, los líderes tienen que estar conscientes de que estas cosas pueden pasar y ser cuidadosos de no caer en este tipo de trampas. En Intag, el caso ecuatoriano, cuando fracasaron las tácticas del "bueno de la película" de la empresa, se utilizaron tácticas de mano dura, lo que incluyó contratar a guardias privados (tipo paramilitares) para que hostigaran a activistas contra el proyecto minero. Esto puede escalar a amenazas de muerte contra líderes de la oposición.

Táctica de la empresa 12 — Grupos de seguridad, paramilitares, golpizas, desapariciones
En el caso de oposición significativa, las empresas pueden contratar a empresas de seguridad para proteger a su personal e infraestructura (como campamentos mineros). Esto tiene frecuentemente sólo la intención de intimidación, pero el siguiente paso frecuentemente consiste en la paramilitarización — una etapa muy grave de la lucha en la que su bienestar físico puede verse amenazado, y donde se podrían violar los derechos humanos de muchas personas.

Táctica de la empresa 13— La empresa regresa
Si se logra detener el proyecto extractivo, la misma empresa o una nueva puede regresar e intentar de reiniciar el proyecto de nuevo, tal vez con tácticas diferentes.
* Extraído de Guía Comunitaria (2009)

Ex hombre Barrick al DIARIO DE CUYO como editor

"Julio Turcumán, ex integrante del área comunicacional de Barrick Gold en San Juan, asumió ayer en un acto en la Redacción como Jefe de Editores".

Fuente:www.noalamina.org/

Se trata del periodista Julio Turcumán, ex integrante del área comunicacional de Barrick Gold en San Juan Asumió ayer en un acto en la Redacción como Jefe de Editores. Turcumán trabajó, entre otros medios, en Radio Colón, fue jefe de Noticias en Radio Sarmiento, fue corresponsal de la agencia noticiosa Diarios y Noticias (DyN), trabajó como editor de Policiales en Diario El Zonda y como editor de DIARIO DE CUYO On Line, antes de incorporarse al área comunicacional de Barrick, por lo que también tiene experiencia en el campo de la comunicación institucional.

En un acto encabezado por las autoridades de DIARIO DE CUYO, el periodista Julio Turcumán asumió ayer como nuevo jefe de Editores, un cargo de vital importancia en la dinámica periodística de la Redacción. Turcumán, de destacada trayectoria en distintos medios de la provincia, fue puesto en funciones por el doctor Francisco Baltazar Montes, director de DIARIO de CUYO, en una reunión que contó con la presencia de Virginia Montes de Graffigna, María Inés Montes de Zunino, Nelson Bellino, Daniel Basañes, editores, periodistas y fotógrafos.

La reunión se realizó en un ambiente de agradable camaradería, acompañada por buenos augurios y felicitaciones.

'La tarea de Julio Turcumán se basará principalmente en la disciplina, el orden, integración y comunicación horizontal dentro del equipo de trabajo. Turcumán estará para ayudarnos, atender y solucionar todas las sugerencias de la redacción y del diario. Ya trabajó con nosotros y tiene una amplia experiencia en distintos medios. Julio cuenta con la capacidad de organización y liderazgo que necesitan las empresas', indicó el director Francisco Baltazar Montes.

Turcumán se sumó así a un equipo conducido por Francisco José Montes, Director Ejecutivo, y trabajará junto a los jefes Gustavo Martínez y Diego Castillo. 'Julio es un hombre de trabajo y a toda persona de trabajo y voluntad le va bien. Le gusta poner el hombro y no tengo dudas de que le irá muy bien', apuntó por su parte Gustavo Martínez.

Turcumán trabajó, entre otros medios, en Radio Colón, fue jefe de Noticias en Radio Sarmiento, fue corresponsal de la agencia noticiosa Diarios y Noticias (DyN), trabajó como editor de Policiales en Diario El Zonda y como editor de DIARIO DE CUYO On Line, antes de incorporarse al área comunicacional de Barrick, por lo que también tiene experiencia en el campo de la comunicación institucional.

'Siempre deseé volver a la Redacción de DIARIO DE CUYO porque por acá pasa toda la información, todo lo que sucede en la provincia. Vengo a dar lo mejor que sé hacer, que es trabajar', expresó por su parte el flamante jefe de Editores, ante un cerrado aplauso.

Encuentro de Movimientos Sociales del ALBA, las Américas y El Caribe

Con el lema "Reconstruyendo la solidaridad" diversos movimientos
sociales de las Américas y el Caribe así como países miembros del ALBA,
se reunirán en Nicaragua el próximo 17 y 18 de julio para conmemorar el
50 aniversario del FSLN y el XXXII aniversario de la Revolución Popular
Sandinista.

Fuente: http://movimientos.org

CONVOCATORIA
17 y 18 de julio
Managua, Nicaragua
En saludo al 50 aniversario de la fundación del FSLN y al 32 aniversario
de la Revolución Popular Sandinista
“Reconstruyendo la solidaridad”

I.- Objetivos

1.- Conmemorar el 50 aniversario del FSLN y el XXXII aniversario de la
RPS con la participación de movimientos sociales de las Américas, países
del Alba y el Caribe.
2.- Establecer comunicación directa con los principales movimientos
sociales de las Américas, países del Alba y el Caribe, participantes en
el encuentro.
3.- Reconstruir los vínculos de solidaridad de diferentes movimientos
sociales de las Américas y el Caribe con Nicaragua y la revolución
sandinista en su segunda etapa.

II.- información

La actividad se realizará en Managua los días 17 y 18 de julio, y la
participación en el acto del 19 de julio, conmemorando el 32 aniversario
del triunfo de la revolución popular sandinista y el 50 aniversario de
fundación del FSLN.

La inscripción se confirmara en forma definitiva en el local del evento
conforme a los correos de confirmación, nosotros (movimientos sociales
nicaraguenses) garantizaremos el transporte interno, la participación en
las sesiones de trabajo, el transporte y la participación en el acto del
19 de julio.

Las delegaciones garantizarán su transportación de ida y vuelta entre su
país de origen y Nicaragua, su desayuno y cena, y su alojamiento durante
su estadía en el país. Pueden establecer acuerdos de alojamiento con
organizaciones hermanas de Nicaragua.

III.- Los participantes deberán confirmar su asistencia a más tardar el
día 12 de julio a través de correo electrónico a la siguiente dirección:
nicaragua.movimientossociales@gmail.com

A este correo deberán enviar la siguiente información: nombre de los y
las participantes, país y ciudad de origen, organización a la que
representa.
Encuentro de movimientos sociales en saludo al 50 aniversario de la
fundación del FSLN y del 32 aniversario de la revolución popular sandinista.

Vamos por mas victorias,
con tod@s y por el bien de tod@s,
Viva el 50 aniversario...........!
¡Ni un paso atrás!

Fe(u)deralismo minero…Provincialismo troyano

Catamarca, 2 de Octubre de 2010
Una lectura política sobre las disputas en torno a la Ley de Protección de Glaciares.
Por Horacio Machado Aráoz

"(...)podríamos llamar el ‘pacto fiscal-feudal-minero', esto es, un esquema de dominio político-económico basado en la articulación complementaria de los intereses del capital transnacional y las ‘burguesías' patrimonialistas y rentistas locales: a cambio del apoyo político incondicional, de la ‘seguridad jurídica' y el control de la conflictividad que los grupos dominantes locales proveen a las grandes empresas mineras, merced férreo control que ejercen sobre el aparato legal-represivo del estado, éstas aportan los recursos financieros necesarios para el sostenimiento del aparato estatal".



Las extrañas torsiones que presenta el orden colonial del capital en tiempos de globalización nos muestra cómo los intereses de las transnacionales más concentradas, que gestionan y controlan los ‘recursos naturales' a escala planetaria, pueden servirse de ‘argumentos' (precisamente serviles) de ‘autonomía y descentralización' política para seguir exprimiendo la tierra, arrancándole fabulosas ‘ganancias', a costa de la expropiación, inseparablemente económica y ecológica, de las poblaciones locales.
En este caso, el debate y la reciente sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, con su trama en el Congreso de la Nación y sus diferentes capítulos provinciales en las legislaturas de las provincias ‘cordilleranas', nos presenta, en una primera lectura, un ejemplo emblemático de cómo las más encendidas retóricas localistas y federalistas se esgrimieron, en realidad, para defender los más concentrados intereses globales encarnados por las grandes corporaciones mineras transnacionales, que han puesto su mira en nuestra cordillera, como fuente estratégica de agua y minerales para el aprovisionamiento de los centros mundiales de industrialización y consumo.
En efecto, una de las principales estrategias argumentales esgrimidas al unísono por gobernadores y legisladores de las provincias auto-caratuladas indistintamente como ‘cordilleranas' y ‘mineras' para oponerse a la Ley recientemente sancionada en el Congreso de la Nación, estuvo basada en la reivindicación del ‘federalismo' contra lo que se codificó como una ilegítima e ilegal intromisión de la Nación sobre un área de competencia (supuestamente) exclusiva de las provincias, los "recursos naturales"[1]. Salvo pocas pero honrosas excepciones, los representantes políticos de estas provincias, en llamativa consonancia con los voceros de las empresas mineras y periodísticas, se encolumnaron bajo el encendido llamado a "defender lo que es nuestro", aludiendo a los ‘glaciares' como "objetos de dominio inalienable e imprescriptible de las provincias"; como si dicho ‘dominio' estuviera amenazado por una norma nacional, que precisamente tenía por objeto su preservación.
Luego de sancionada la Ley, la férrea convergencia de ‘sentimientos, pensamientos y acciones' entre voceros gubernamentales y empresariales pro-mineros, se dejó ver con mayor cohesión aún que antes del debate. Por caso, el emblema ‘gubernamental' de los intereses de la minería transnacional, José Luis Gioja, gobernador de San Juan, disparaba desde su twitter: "Es fácil hablar de medio ambiente con la panza y la cuenta en el banco llenas. Para ellos la realidad empieza en Barrio Norte y termina en Palermo Chico. Y los argentinos que se jodan.
(...) No nos vamos a dejar atropellar por esos ignorantes que pontifican desde Buenos Aires y el único hielo que conocen es el que sacan de la heladera para echarle al whisky". También el 1° de octubre, la Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Mineros (CEPSM), emitía un comunicado en el que "expresa su más profundo y enérgico rechazo a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y el Ambiente Periglacial sancionada durante la madrugada de hoy (Jueves 30) por el Congreso de la Nación y afirma que constituye un grave atentado que viola en forma flagrante el federalismo.". Y continuaba: "La Cámara repudia la actitud de los miembros del Congreso de la Nación y sostiene que asistimos a la generación de una curiosa paradoja: precisamente aquellos que son los Representantes del Pueblo, en el marco de un sistema democrático y federal, son quienes menos cumplen con los principios del federalismo que interpretamos debería regir para todos los ciudadanos de todas las provincias de nuestra República Argentina" (Minería y Desarrollo Catamarca, 30/09/2010).
Diversos legisladores de provincias cordilleranas, individual o colegiadamente, funcionarios de las secretarías de minería y otros voceros de las empresas, tenían la misma, monocromática reacción de rechazo a la Ley aprobada. Entre las expresiones más virulentas, la Cámara de Diputados de San Juan emitía al día siguiente un comunicado en el que expresaba su "formal y rotundo rechazo a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, sancionada por el Congreso de la Nación, por ser violatoria del principio de federalismo y por invadir competencias originarias de la provincia...", concluyendo con la solicitud al P.E.N. de un nuevo veto a la ley (Diario El Zonda, 1° de octubre de 2010).
Por su parte, el titular de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca, Alfredo Marchiolli, se quejaba amargamente de que los legisladores provinciales no hayan sancionado una ley provincial sobre glaciares, para proteger -según su entender-, los intereses de la provincia: "A nivel local, lo que han hecho los diputados no tiene perdón, porque especular y dejar que la Nación avasalle sobre la autonomía y la potestad de la provincia sobre sus recursos naturales, realmente, es una imbecilidad", para luego, finalmente explicitar el motivo de su ira: "lo que plantea la Ley nacional es la prohibición de la minería en todas las zonas de glaciares, es decir, de glaciares y periglaciares... Y es preocupante porque de esa manera no va a ingresar ninguna inversión al país para esas zonas" (Diario El Ancasti, 1° de octubre de 2010).
Podríamos seguir abundando en citas como las precedentes. Todas ellas testimonian en realidad algo incontrastable y que merece nuestra reflexión: la llamativa convergencia ‘federalista' entre gobiernos provinciales y empresas mineras transnacionales, aunadas en la oposición a la Ley recientemente aprobada por el Congreso de la Nación... Extraño federalismo, en verdad, este federalismo minero, que fogonea encendidas retóricas localistas para defender en realidad, los intereses extractivos capitalizados asimétricamente por actores emblemáticos del orden hegemónico global. Extraño por caso, el momento y el motivo de este ‘repentino reverdecer' federalista.
Nos invita, por caso, a preguntarnos por qué en su momento, no se consideraron y ni se consideran ahora una ‘afrenta a los intereses y competencias de las provincias' las leyes mineras de los '90 (Ley N° 24.196 y sus correlativas) que no sólo concedieron grandes beneficios tributarios, comerciales y de fiscalización en el plano nacional a las inversiones mineras, sino que además recortaron y limitaron drásticamente las facultades tributarias de las provincias, imponiéndoles la obligación de fijar regímenes de exenciones para impuestos provinciales, limitando las regalías a la ridícula tasa nominal del 3 % y, todavía más, permitiendo una abusiva definición del ‘valor de boca mina' (base de cálculo de las regalías) que termina licuando aún más dicho gravamen (Leyes N° 24.228 y 25. 161). Estas leyes nacionales que efectivamente afectan de modo directo los intereses económicos de las provincias y recortan sus competencias fiscales, no han sido, extrañamente, motivo de ninguna ‘arenga federalista'.
En otro orden, el presunto ‘espíritu' por la descentralización territorial del poder de los gobernantes y funcionarios de las provincias ‘mineras' se ha mostrado sistemáticamente reticente a extender esa visión federalista al interior de las propias provincias, cuando ciertos municipios y sus poblaciones reclamaron ser tenidas en cuenta a la hora de decidir sobre la aceptabilidad y/o viabilidad o no de ciertos proyectos mineros. No. Al interior de las provincias ejercieron el más rígido centralismo político. Una vez más, escudándose en el ‘concepto' de que los ‘recursos' (mineros, en este caso) son de las provincias, sistemáticamente los gobernadores de San Juan, La Rioja y Catamarca burlaron las legítimas aspiraciones de las poblaciones de Jáchal, de Chilecito y Famatina, de Tinogasta y Andalgalá para decidir a través de un plebiscito, sobre la explotación o no de su subsuelo. En el caso de Beder Herrera, protagonizando uno de los más vergonzantes episodios de defraudación de la voluntad popular que mansilla nuestras instituciones. En los casos de San Juan y Catamarca, a través de extrañas resoluciones de las Cortes de Justicia de las respectiva provincias que prohibieron por ‘inconstitucionalidad' los plebiscitos municipales... Extrañas democracias las nuestras, donde la expresión directa de la voluntad popular resulta violatoria de las Cartas Constitucionales...
Para decirlo claramente, estamos ante administraciones provinciales que en nombre del federalismo hacen un ejercicio cuasi-feudal del poder. Las contradictorias relaciones con la Nación y con los Municipios dan cuenta de una manifiesta y flagrante manipulación del ordenamiento territorial de las jurisdicciones para adecuarla espuriamente a los intereses extractivistas que operan como el verdadero poder fáctico en las provincias, los actores que, más allá de las disposiciones de la normatividad formal, ejercen un virtual dominio y control sobre los bienes ambientales de los territorios sometidos a la intervención de ‘los inversionistas'.
Si bien las motivaciones e intereses de las grandes corporaciones mineras están claras, cabe preguntarse por qué los gobernadores, legisladores y el funcionariado de las burocracias provinciales en general, funcionan como apéndices subordinados a los dictámenes de aquellas. Da la impresión que se trata de algo más complejo que simple y burda corrupción, aunque no haya que descartarla, ni desconsiderarla. Intuyo que se trata más bien de la anatomía política de estas estructuras feuderadas; me estoy refiriendo a la base de poder de los grupos dominantes locales en el marco de las específicas estructuras socioproductivas locales y a la correlativa forma de producción y gestión de la dominación política arraigada en estos contextos.
En efecto, al menos en las provincias que conforman el ‘núcleo duro del modelo minero' (Svampa, Sola Alvarez y Bottaro, 2009: 157), es decir, San Juan, La Rioja y Catamarca, parece claro que estamos ante la presencia de estructuras políticas dominadas por ‘burguesías' locales largamente arraigadas en una tradición eminentemente rentística y cuya base principal de poder reside no en la propiedad de sectores productivos ‘dinámicos' de la economía local, sino más bien en la concentración histórica de la propiedad territorial y el acceso privilegiado y aún hasta la apropiación privada del aparato estatal.
La ausencia de núcleos locales de acumulación dinámicos favorece la ‘legitimación' social de la gran minería transnacional como ‘única alternativa de progreso' y conforma escenarios de luchas altamente asimétricos, donde el ‘desarrollismo minero' no tiene, al parecer, antagonistas sociales ni alternativas económicas ‘de peso', como sí ocurre, relativamente y por contraste, en las provincias donde hasta ahora se ha podido poner coto al expansionismo extractivista (Mendoza, Córdoba, Río Negro, Chubut).
Por otro lado, el control privado que los grupos dominantes locales ejercen sobre el propio aparato estatal, los convierte en un imprescindible interlocutor estratégico frente al capital transnacional para el procesamiento de la ‘gobernabilidad neocolonial' en estas sociedades locales. Lejos de haber un potencial antagonismo entre proyecto de dominación global y grupos dominantes locales, se da una ‘perfecta complementación' a través de lo que podríamos llamar el ‘pacto fiscal-feudal-minero', esto es, un esquema de dominio político-económico basado en la articulación complementaria de los intereses del capital transnacional y las ‘burguesías' patrimonialistas y rentistas locales: a cambio del apoyo político incondicional, de la ‘seguridad jurídica' y el control de la conflictividad que los grupos dominantes locales proveen a las grandes empresas mineras, merced férreo control que ejercen sobre el aparato legal-represivo del estado, éstas aportan los recursos financieros necesarios para el sostenimiento del aparato estatal. Así, la mega-minería, en realidad implica un engrosamiento -por lo menos temporal- de los recursos fiscales y del presupuesto del aparato estatal (a sabiendas, la ‘base material de la ‘subsistencia' de los grupos dominantes locales). Sobre la base de esta transferencia fiscal y del control de la ‘renta pública', el grupo dominante local obtiene los recursos necesarios para alimentar sus estrategias de ‘legitimación política' a través de la gestión de los apoyos electorales mediante el control del aparato asistencial-clientelar del estado.
Como hemos planteado en otro lugar (Machado Aráoz, 2007), la lógica del clientelismo político anida en contextos de burguesías patrimonialistas-rentísticas en las que la ‘lógica de los derechos' es suplantada por la ‘lógica de los favores' (Porto-Goncalves, 2006). Más allá de nombres y apellidos, los Gioja, Brizuela, Saadi, Maza, Beder Herrera, etc., son sólo detalles anecdóticos, fracciones emergentes, de una misma estructura básica de poder (patrimonial-rentístico) y de una misma lógica de gestión política de la ‘gobernabilidad' (dominio asistencial-clientelar). Se trata propiamente de fracciones de una ‘burguesía' local que -estructuradas desde el habitus de la apropiación privada de lo público-, viven, piensan y se sienten como dueñas de la provincia; de su tierra y de su gente. ‘Gente distinguida', acostumbrada a hablar con ‘propiedad', que habla de los territorios, de sus yacimientos y sus cursos de agua, como ‘cosa propia'; y de las poblaciones locales anteponiendo el adjetivo posesivo: somos literalmente ‘suyos'.
El pacto fiscal-feudal-minero es lo que, en definitiva, subyace a este extraño fe(u)deralismo repentinamente resurgido como síntoma, en el debate en torno a la ‘propiedad', el uso y control de los glaciares. Se puede ver sus ominosas consecuencias políticas en términos de las posibilidades y alternativas hacia una auténtica democratización de nuestras sociedades que dicho ‘pacto' implica. No menos gravosas son, por cierto, sus implicaciones socioecológicas.
Desde este punto de vista, el fe(u)deralismo minero implica una economía política de la expropiación, es decir, la imposición de un modelo de explotación extractiva de los bienes naturales de nuestros territorios, como insumos estratégicos de cadenas de industrialización y de consumo exógenas. El modelo minero de ‘desarrollo' no es otra cosa que una nueva versión de un viejo fenómeno del colonialismo: una ‘economía de enclave' implantada como ‘bomba extractora' de recursos naturales críticos exclusivamente orientada a satisfacer la voracidad consumista del ‘mundo desarrollado', ese que se consume el 80 % de las materias primas y la energía del mundo, a costa de la expropiación global de los países ‘subdesarrollados' (Porto-Goncalves, 2001). Ese extractivismo minero-hídrico-energético global, implica, en el plano local, el literal vaciamiento inseparablemente ecológico/económico de los territorios sobre los que opera, generando condiciones estructurales de dependencia e inviabilidad estructural para las poblaciones locales, así ‘des-terradas' en su propio suelo (Machado Aráoz, 2009).
En términos ecológico-políticos, una economía de enclave implica una operación quirúrgica sobre los territorios y las poblaciones intervenidas. Territorios amputados, que dejan de ser fuente de provisión y sustento de las socio-bio-economías locales; geoeconómicamente expropiados de sus entornos locales para convertirse en eslabones subordinados de cadenas ‘productivas' globales, comandados en sus vértices por las corporaciones que manejan la extracción, el procesamiento y el comercio mundial de materias primas, en este caso, minerales (Sánchez Albavera y Lardé, 2004). Amputación territorial que para resultar ‘viable' precisa de una fenomenal dosis de ‘anestesia' biopolítica. La ilusión monetaria de la prosperidad pasajera, propia de las economías de enclave en sus fases de auge, proporciona las ‘anestesias sociales' que adormecen e insensibilizan a las poblaciones expropiadas de sus territorios (Scribano, 2007). La gran maquinaria clientelar -siempre asentada sobre la lógica del favor y no del ‘derecho'; siempre con-sagrando la sensación de ‘deuda' del que recibe respecto del que ‘da'- aceitada por la ‘renta minera', provee esas fenomenales dosis que mantienen anestesiadas a buena parte de nuestras poblaciones... Territorios amputados / poblaciones anestesiadas: tal la ecuación eco-biopolítica de la expropiación en contextos neocoloniales...
Por ‘desgracia' para los Gioja, los Beder Herrera y los Brizuela, hay crecientes segmentos poblacionales a los que estas ‘anestesias' ya no les hacen efecto. Grupos rebeldes descreídos del culto promesante del ‘desarrollo'; ‘nuevos' in-civilizada/os que aborrecen del ‘progreso' y que pretenden nuevos horizontes y nuevos paradigmas de vida; modelos de con-vivencia basada en el respeto, la reciprocidad y la justicia quebradas... Como la multitud que el pasado miércoles 29 de septiembre nos dimos cita frente al Congreso para pedir la protección de nuestras fuentes de agua; y que -mal que le pese a Gioja- no se trataba sólo de ‘porteños', sino que habíamos también muchos ‘provincianos', catamarqueñ@s, riojan@s, sanjuanin@s, mendocin@s, rionegrin@s, chubutenses, jujeñ@s y salteñ@s, congregados en torno a la Unión de Asambleas Ciudadanas y a otras organizaciones sociales que estábamos ahí con mucho esfuerzo, para poner un freno a la voracidad extractivista... Para ‘grupos' como éstos, para nosotros, la dádiva clientelar no logra ‘compensar' la devastación de los territorios, fuentes de vida; no entran en la lógica de la negociación, porque, para éstos, ‘el agua vale más que el oro' y ‘la tierra no se vende'... Están literalmente fuera de la ‘racionalidad' del mundo... Eso, que es motivo de descalificación para algunos, es para nosotros una fuente de esperanza.

Licencia social

Enfrentándose a las empresas mineras en Andalgalá
Licencia social

Julián Maradeo
Fuente: www.rebelion.org/noticia.php?id=131489&titular=licencia-social-

En Andalgalá, Catamarca, se denomina licencia social a las diferentes formas por medio de las cuales las empresas mineras y sus proveedores buscan legitimarse en la dinámica comunitaria. Por caso, la entrega de beneficios para las escuelas y la organización de competencias deportivas y talleres artísticos.

La reacción de los andalgalenses nucleados en la asamblea de vecinos autoconvocados El Algarrobo, el 14 de febrero de 2010, impidió el desarrollo de Agua Rica, adjudicada a la canadiense Yamana Gold, y de Pilciao 16, por el cual los 17 mil andalgalenses, indemnización mediante, hubieran tenido que abandonar su lugar para que la multinacional Billington pudiera extraer el oro y el cobre que yacen bajo la superficie de la ciudad.

Tras la represión sufrida durante esa jornada de febrero, mientras cortaban el camino comunero que lleva a El Potrero, los vecinos –así se definen- que conforman El Algarrobo desplegaron un repertorio de acciones para que se prohíba la megaminería en Andalgalá.

En su lucha, con Esquel como norte, El Algarrobo se ha visto obligado a convertirse en un productor simbólico complejo para poder enfrentar tanto al poder económico como a la inacción gubernamental.

Lo hecho por esta asamblea de autoconvocados se puede esquematizar en tres momentos.

En el primero, el objetivo fue visibilizar a la minería a cielo abierto como el núcleo del problema. Establecieron como origen la explotación de Bajo Minera La Alumbrera a fines de la década del ’90. En diciembre de 2009, decidieron instalar una guardia en el lugar del corte, los cuales, luego, pasaron a ser selectivos. A su vez, comenzaron a realizar, cada sábado, las “Caminatas por la Vida”. Acto seguido, ante el avance de la judicialización de los asambleístas, las marchas se complementaron con las llevadas a cabo por “Las Mujeres del Silencio”, que transitaban con los ojos vendados, la boca tapada y las manos atadas.

En el segundo, aparte de sumarse a la UAC, red de redes de las diversas asambleas de autoconvocados del país, se produjo la regionalización de la protesta. En este sentido, quizá uno de los puntos más altos fue la organización de la 14ª UAC, que se desarrolló en Andalgalá a fines de 2010. A lo que se suma, también, las acciones concertadas interprovincialmente entre asambleas de Catamarca, La Rioja y Tucumán.

Por último, el tercer momento expuso su adaptabilidad a distintos lenguajes. En esta etapa, juega un papel clave el aspecto comunicacional. Inicialmente, crearon la “Televisión pública” que consiste en la emisión de, por ejemplo, documentales realizados por integrantes de la asamblea. Se dan en una pantalla gigante, situada en la plaza 9 de Julio, la principal de Andalgalá.

Este rasgo clave tiene dos complementos cuya distinta circulación enfatiza la diversidad del receptor: el blog y la radio. El primero, a través del cual llegan a los jóvenes y en donde suben diferentes videos, como el de la represión, que fue tomada con un teléfono celular.

El segundo es la radio. Su incursión en el éter tiene dos etapas. La primera fue el programa que El Algarrobo tenía en FM La Perla. La siguiente es la reciente puesta en funcionamiento de la propia radio de la asamblea, en el dial 105.3, cuyo lema es “La lucha que se hizo audible”.

Con el objetivo de penetrar en otro nivel, se añadió la función didáctica para la cual organizaron diferentes encuentros con la finalidad de explicar que los proyectos de megaminería son parte de un modelo extractivista, el cual enfoca a los recursos naturales desde una perspectiva exclusivamente productivista.

La penetración del mensaje de El Algarrobo-materializado a través de las distintas acciones- labró otra clase de legitimidad, que interpela al vecino y propone que los pueblos tengan el derecho de decidir sobre su territorio.

Con el resultado de las elecciones de marzo, que a nivel local impuso a Alejandro Páez (emergente de la alianza entre la UCR, MST y Proyecto Sur), considerado el candidato que supo interpretar el “No a la megaminería”, se abre una nueva etapa para la asamblea, en la que su relación con el gobierno municipal, desde el inicio al menos, será muy otra.

"Ciencia y sociedad en debate", de N. Giarraca

"¿Cuál es la situación en Argentina? ¿Por qué, frente a posibilidades de expansión del sector científico en condiciones inéditas, no se han generado aún espacios de discusión semejantes al mexicano? ¿Por qué algunos siguen con la idea lineal de una universidad convertida en la proveedora de conocimientos para el Estado o en oferente de tecnología para grandes empresas? (...)"

Por Norma Giarraca
Fuente: Página 12


Es importante seguir el debate que involucra la relación de la ciencia y la sociedad en un momento de grandes anuncios en materia científica. La ciencia, el derecho y una manera de organizar el poder han sido los pilares del mundo moderno. Esta estupenda ingeniería social precedió a la organización económica del capitalismo, aunque hoy acompaña, con una “fidelidad” asombrosa, sus cada vez más fuertes y frecuentes crisis que presagian no ser meramente locales. Para importantes pensadores contemporáneos, el meollo de la cuestión reside en que enfrentamos graves problemas “modernos” para los cuales no existen soluciones “modernas”. Esos problemas tienen mucho que ver con las promesas incumplidas por la modernidad: paz, educación, salud, trabajo y alimentos para todos...

En aquellas épocas de las promesas “modernas” (cuando “futuro” era igual a “progreso”), las ciencias sociales críticas, tanto las liberales como las marxistas, se ubicaban en muchos sentidos en el mismo registro que las “ciencias duras”, procurando un avance “ilimitado” en el desarrollo de las fuerzas productivas. Se buscaban las famosas conexiones triangulares entre las agencias generadoras de conocimiento, el Estado y las empresas para aprovechar al máximo los recursos científico-tecnológicos para el desarrollo económico. La mayoría creía en el desarrollo como consecuencia directa del crecimiento económico por aplicación de nuevas tecnologías; fue un esquema en el que se depositaron muchas esperanzas y, por cortos momentos en países como los nuestros, parecía funcionar. No obstante, mucho después, cuando crisis de todo tipo azotan a este “modelo de desarrollo”, se ha seguido con un uso tan simplificado de las relaciones del triángulo que algunos de sus entusiastas seguidores formulan severas advertencias sobre una versión cándida de los planificadores que pretenden un esquema ingenuo y lineal de articulaciones de oferta y demanda tecnológica. En países de desarrollos de alta tecnología, como Japón o Israel, se necesitaron generar “complejas mediaciones” para hacer uso de los principios del paradigma, ya de por sí modificado.

La estrepitosa caída de las certezas en las ciencias sociales desde fines de los ‘60 tal vez es más reconocida que la de las ciencias en general, pero no por eso menos importante. Los científicos del mundo, conscientes de estas crisis epistemológicas y societales, se reunieron en 1999 para repasar su papel en estos mundos en transiciones. Así, la Unesco organiza en Budapest una Conferencia Mundial sobre la Ciencia para pensar un nuevo contrato social entre ciencia y sociedad. La discusión se centra en la responsabilidad de la ciencia y en la necesidad de un debate amplio, riguroso y más allá de los miembros de la comunidad científica, acerca de la producción y utilización del conocimiento.

Algunos países de América latina perciben la necesidad de profundizar este debate, se crean nuevas asociaciones de científicos que comienzan a incluir los nuevos paradigmas de unas ciencias sociales críticas aún muy incipientes, que acompaña la ecología política. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) de México es un buen ejemplo. Se define como “una organización no lucrativa” conformada por “científicos de campos diversos” y “dispuestos a asumir su responsabilidad ética frente a la sociedad y el ambiente”.

¿Cuál es la situación en Argentina? ¿Por qué, frente a posibilidades de expansión del sector científico en condiciones inéditas, no se han generado aún espacios de discusión semejantes al mexicano? ¿Por qué algunos siguen con la idea lineal de una universidad convertida en la proveedora de conocimientos para el Estado o en oferente de tecnología para grandes empresas? ¿Por qué el país que dio pensadores como Jorge Sabato u Oscar Varsavsky no genera una discusión amplia y democrática? Son interrogantes difíciles de responder, pero vale la pena arriesgar algunas razones: 1) los casi ocho años de una ominosa dictadura que tuvo al sector científico como dispositivo de negocios y corrupción por parte de su dirigencia (de científicos), sin que tal situación se terminara de revisar; 2) la pasividad de muchos hombres de ciencia ante la “cuestión pública” y su desconocimiento de cuestiones sociales y ambientales; 3) el desencuentro actual con pensamientos críticos del siglo XXI. Muchos científicos aún dialogan con teorías sociales decimonónicas y desconocen el fructífero diálogo entre científicos, pensadores involucrados en el presente y nuevos sujetos sociales y políticos que se despliega en América latina y Europa.