martes, 14 de junio de 2011

Uruguay: un proyecto minero amenaza a Cerro Chato


boletinmovidaambiental.blogspot.com

Un proyecto de explotación minera a cielo abierto genera polémica en Uruguay y divide a una pequeña zona ganadera entre quienes celebran el aumento del empleo y quienes quieren proteger el equilibrio ambiental de la zona. El Gobierno aún no lo autorizó y el presidente José Mujica aseguró que desearía optar por una consulta popular antes de tomar la decisión.



La minera de capital indio Aratirí -filial local del grupo Zamin Ferrous- explora desde hace dos años un área de 120.000 hectáreas en la zona uruguaya de Cerro Chato en busca de hierro, mineral cuyo precio aumentó ante la demanda de los países asiáticos.

Uruguay aún no autorizó el inicio de la extracción, que se haría sobre 12.000 hectáreas, y pidió un nuevo informe de impacto ambiental. Sin embargo, las actividades de exploración en la zona ya generaron resistencias por parte de la población.

En país, el subsuelo es propiedad del Estado por lo que los propietarios privados de la tierra no pueden negarse a permitir la exploración en el caso de ser autorizada.

Según el Código Minero vigente -en revisión en el Parlamento- el Estado se queda con el 5% del mineral extraído. Con una inversión prevista de 2.500 millones de dólares, la mayor en la historia del país, el proyecto de la minera incluye un mineroducto de 200 km hasta el mar y un puerto de aguas profundas en la costa.

Julio Gómez, vocero de los productores disgustados, asegura que el proyecto es "desmesurado" para el tamaño de Uruguay (176.215 km2) y "altera seriamente el equilibrio ambiental que existe desde hace más de 200 años en esta zona. Va a haber una sustitución de una actividad productiva sustentable por una actividad de tipo extractivo que trabaja sobre un recurso finito, como el hierro, y que tiene un ciclo de vida de 30 años".

"El suelo va a quedar totalmente degradado y no va a servir para nada", lamenta. Además, el 95% de esa riqueza se va a ir por un mineroducto para favorecer la industria china e hindú. Acá no se va a crear una industria siderúrgica y sólo van a quedar los pasivos ambientales", agregó.

Claudia Perugorría, que hace 10 años compró 47 hectáreas en la zona de Cerro Chato, acordó con la empresa el ingreso de maquinarias a su campo, pero ahora asegura que se lo "destrozaron" a causa de los camiones que arruinaron las pasturas y las perforaciones realizadas. "El tapiz vegetal en este tipo de suelo demora mucho en recuperarse", asegura la mujer, que inició un juicio por daños a la minera y se niega a vender su campo.

VOCES A FAVOR DEL PROYECTO

Pero en Cerro Chato, localidad con 4.500 habitantes, muchos celebran la llegada de empleos y el aumento del comercio. "Estamos trabajando ocho horas diarias, con un salario bastante más digno del que cobrábamos como empleados rurales", afirma Francisco da Silva, empleado por la minera y delegado del sindicato del metal.

"Esta es una de las zonas más atrasadas que tiene el país, mientras estos emprendimientos vengan y cumplan con todos los requerimientos que pide el Estado es muy positivo para la zona", agregó.

La empresa afirma que la inversión generaría 3.000 empleos durante la construcción y 1.500 en la etapa operativa, entre la terminal portuaria y la zona minera.

Según Santiago Sotuyo, responsable logístico del proyecto minero, esto representaría ingresos por 500 millones de dólares anuales al Estado, equivalente a 1,5% del PBI de Uruguay.

Actualmente, los pequeños emprendimientos mineros en el país -calizas, piedras semipreciosas y oro- producen unos 12 millones de toneladas anuales y han representado en promedio en los últimos 20 años aproximadamente 0,27% del PIB. Aratirí prevé una producción anual de 18 millones de toneladas, por lo que la producción minera del país aumentaría 150%.

LA POSTURA DE MUJICA

En medio de la polémica, el presidente José Mujica declaró que su gobierno no puede "laudar el destino de semejante riqueza sin tratar de incluir en esas decisiones todas las variables posibles".

Además, lamentó que la Constitución del país no contemple un mecanismo de consulta popular para poder zanjar esta discusión. "Uruguay no tiene el plebiscito consultivo, donde los gobiernos están en condiciones de hacerles preguntas a la nación y a partir de eso tomar las decisiones. Temas de semejante gravitación debieran contar con este tipo de mecanismos", afirmó.

El mandatario aseguró que buscará "la forma de ampliar la participación en esa discusión" y agregó: "tendremos que tomar una decisión, pero que incluya los pareceres de la mayor cantidad de gente posible".

Para el director de Minería, Pier Rossi, el país "tiene que enfrentar un punto de inflexión en el sector minero" y resolver si apuesta al desarrollo minero a gran escala. Nosotros somos los que generamos la demanda de los minerales como base de la cadena productiva. Es la sociedad la que valoriza ese recurso y es la que tiene que decidir si entrar o no en esta etapa de desarrollo".

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